Fuerte mensaje de EE. UU. por supuesta injerencia criminal en nómina para el TSE
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala desató una intensa polémica política y académica al acusar públicamente a autoridades universitarias de haber abierto las puertas del Tribunal Supremo Electoral a estructuras criminales y del narcotráfico mediante la selección de aspirantes a magistrados para el período 2026-2032. El señalamiento fue emitido por el encargado de Negocios, John M. Barrett, quien encabeza actualmente la sede diplomática y quien advirtió que las decisiones de la comisión de postulación priorizaron intereses particulares por encima del bienestar del país y de sus instituciones democráticas.
El mensaje, difundido a través de la cuenta oficial de la embajada en la red X, se refiere específicamente al trabajo de la comisión de postulación responsable de integrar la nómina de 20 candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, lista que ya fue entregada al Congreso de la República. Dicha comisión está integrada mayoritariamente por representantes de universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Occidente y la Universidad Panamericana, cuyos delegados negociaron la composición final de la nómina.
Según el pronunciamiento estadounidense, el problema de fondo radica en que la lista aprobada incluye aspirantes señalados en casos de corrupción y algunos que incluso han sido previamente sancionados por Washington como actores corruptos y antidemocráticos, entre ellos el abogado Lesther Castellanos, quien perdió la visa y tiene prohibido el ingreso a territorio estadounidense desde 2023. Organizaciones civiles y analistas guatemaltecos ya habían manifestado preocupación por la presencia de al menos otros cinco abogados con antecedentes cuestionados, advertencias que ahora encuentran eco en la posición oficial del gobierno norteamericano.
El señalamiento de Barrett adquiere especial relevancia porque los magistrados del TSE que resulten electos a partir de esta nómina tendrán la responsabilidad de organizar las elecciones generales previstas para 2027, proceso que será observado de cerca por la comunidad internacional luego de los cuestionamientos suscitados en el ciclo electoral anterior. En 2023, diversos informes, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticaron decisiones del tribunal que dejaron fuera a candidatos presidenciales sin motivos considerados válidos, lo que incrementó la desconfianza ciudadana en el sistema electoral guatemalteco.
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El mensaje de la embajada se inscribe en una línea de continuidad con la política de Washington hacia Guatemala, que ha puesto énfasis en el combate a la corrupción y la defensa de procesos democráticos, a la par de la cooperación en seguridad y migración. Desde su llegada al país en enero, John M. Barrett ha reiterado que Estados Unidos no tolerará la contaminación de elecciones o procesos de segundo grado por parte de redes criminales, y ha insistido en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho como condición para impulsar inversión, desarrollo y reducción de la migración irregular.
La reacción de Washington también coincide con la creciente atención de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, que vigilan la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante el riesgo de que estructuras vinculadas al crimen organizado capturen espacios clave del aparato institucional. En este contexto, el pronunciamiento de Barrett no solo interpela a las autoridades universitarias que integran la comisión de postulación, sino que envía un mensaje al Congreso, donde se definirá finalmente quiénes conducirán el organismo electoral durante los próximos seis años.
Mientras la embajada estadounidense coloca bajo reflectores la actuación de las universidades y la transparencia del proceso, diversos sectores de la sociedad guatemalteca llaman a revisar la nómina y a garantizar que los nuevos magistrados cumplan con los estándares de idoneidad, independencia y honorabilidad exigidos por la ley. El desenlace de esta elección se perfila así como una prueba clave para medir la capacidad del país de blindar sus instituciones democráticas frente a la influencia de intereses privados, estructuras criminales y presiones políticas internas y externas.
“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones.” – #EncargadoDeNegocios John Barrett. pic.twitter.com/nKJX4x0J3w
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 18, 2026