Fiscalización, 9 mil reos excarcelables y pandillas: la agenda de seguridad en el Congreso
El diputado Inés Castillo, jefe de la bancada UNE, anunció que continuará firme con el proceso de fiscalización, dividido en dos rutas: Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario. “Vamos a entrar a un proceso de fiscalización con el ministro de Gobernación, que incluso nos recomendó unas reformas a la ley”, adelantó.
El ministro Marco Antonio Villeda planteó que “deberían haber 9,000 privados de libertad ya fuera de las cárceles”, pero obstáculos legales lo impiden. El diputado asegura que ya recibieron propuestas concretas sobre qué cambios normativos se requieren para destrabar esos casos.
Paralelamente, fiscalizarán de forma específica al Sistema Penitenciario. Castillo recordó que el propio ministro “reconoce que esas cárceles estaban controladas por los privados de libertad y algunos policías”, mientras persisten fugas, extorsiones y actos de corrupción dentro de los centros.
Para el funcionario, actores clave en esta supervisión serán los relatores contra la tortura. “Ellos manejan mucha información sobre lo que pasa en las cárceles”, dijo, y pidió que acompañen el seguimiento a violaciones de derechos y al control interno.
Estado de Sitio confirmó el impacto de las cárceles en la criminalidad
El congresista también pidió cárceles funcionales que permitan sacar a las pandillas de pueblos antes tranquilos. Citó el caso de Boquerón, Cuilapa y Barberena, en Santa Rosa: “Eran pueblos tranquilos donde la gente vivía en paz; desde que llegaron las pandillas se arruinaron esos tres municipios”, lamentó.
Castillo reprochó que durante el Estado de sitio no se concretaran compras estratégicas. Mencionó armas, chalecos, vehículos, radios y tecnología de inteligencia como prioridades que el Congreso estaría dispuesto a apoyar para “concentrar a estos pandilleros en cárceles adecuadas”.
Su mensaje final combina respaldo y presión. “El ministro de Gobernación y las fuerzas de seguridad combinadas tienen que seguir tomando el control de las cárceles y el Congreso tiene que estar vigilante para que eso se vaya cumpliendo”, remarcó, condicionando el apoyo político a cambios verificables.