Presupuesto 2026: diputados trabajan en ajustes para evitar un posible veto del Ejecutivo
La Comisión de Finanzas del Congreso de la República continúa con el análisis y elaboración de una nueva propuesta de presupuesto general para el ejercicio fiscal 2026. El objetivo, según se informó, es construir un dictamen técnico y viable que cuente con el respaldo del Ejecutivo y de los diferentes bloques legislativos.
Durante una conferencia de prensa, el diputado Álvaro Arzú Escobar, acompañado por 12 de los 21 integrantes de la Comisión, explicó que el proceso busca responder a las necesidades de la población y garantizar una ejecución presupuestaria adecuada por parte del Ejecutivo.
Según indicó, no se prevén reformas sustanciales, sino ajustes que permitan evitar un posible veto presidencial y alcancen un consenso entre los distintos poderes del Estado.
#LaRedInforma | El diputado Álvaro Arzú Escobar asegura que la Comisión de Finanzas trabaja en un presupuesto 2026 técnico y consensuado entre Ejecutivo y Legislativo, con ajustes que buscan responder a las necesidades de los guatemaltecos y evitar un veto presidencial. pic.twitter.com/GFNvpV4Oqe
— La Red (@Lared1061) October 7, 2025
Actualmente, 14 diputados de nueve bancadas trabajan en la revisión del anteproyecto de presupuesto, al cual se le están incorporando modificaciones basadas en criterios técnicos y en las observaciones presentadas durante las audiencias públicas.
Tras las correcciones, se prevé emitir un dictamen favorable en las próximas semanas.
En esas audiencias, la Comisión ha recibido a representantes de diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), quienes han expuesto sus solicitudes y proyecciones presupuestarias para el próximo año.
El monto total proyectado del presupuesto para 2026 supera los Q163 mil millones. Entre las áreas que podrían tener incrementos figuran la inversión pública, los programas de electrificación rural, la modernización tecnológica y el fortalecimiento institucional.
Según la Comisión, estos recursos estarán sujetos a fiscalización para asegurar su uso eficiente y el cumplimiento de las metas establecidas.
