Rivera cuestiona uso de más de Q46 millones recaudados por antecedentes policiales
El diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, sostuvo este jueves una reunión de fiscalización con autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para conocer el manejo de los recursos que se generan por la emisión de antecedentes policiales, uno de los trámites más solicitados por la población.
Durante la citación, el parlamentario expuso que cada año alrededor de un millón y medio de guatemaltecos gestionan este documento, lo que se traduce en una recaudación que supera los Q46 millones.
Ante estas cifras, Rivera solicitó explicaciones detalladas sobre el destino de los fondos, subrayando la necesidad de transparencia en el uso de recursos provenientes de trámites obligatorios para acceder a oportunidades laborales.
#LaRedInforma | El diputado Juan Carlos Rivera citó a autoridades de la PNC para fiscalizar el uso de fondos recaudados por la emisión de antecedentes policiales, que superan los Q46 millones al año.
Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que el dinero se utiliza… pic.twitter.com/S2yG9FWqkv
— La Red (@Lared1061) February 5, 2026
Fondos recaudados
Autoridades de la PNC informaron que el dinero recaudado se utiliza principalmente para cubrir contratación de personal administrativo bajo el renglón 029, modernización de sistemas informáticos, compra de equipo tecnológico y fortalecimiento de la unidad responsable de la emisión de los antecedentes policiales.
En contraste, se reportó la ausencia de representantes del Organismo Judicial (OJ), institución también vinculada al tema de antecedentes penales, lo que fue señalado por el diputado como una falta de disposición para rendir cuentas en un asunto de interés público.
Rivera, quien integra la bancada Victoria, reiteró que impulsa una iniciativa de ley orientada a eliminar el cobro por antecedentes penales y policiales, con el fin de aliviar la carga económica de quienes buscan empleo.
A su criterio, estos documentos se han convertido en un requisito indispensable para miles de guatemaltecos, por lo que su gratuidad representaría un apoyo directo a la población más vulnerable.
