PGN impugnará fallo que anuló órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que impugnará la resolución judicial que dejó sin efecto las órdenes de captura vigentes desde 1993 contra el expresidente Jorge Serrano Elías, señalado por su participación en la ruptura del orden constitucional conocida como el “Serranazo”.
La decisión fue emitida el 18 de febrero de 2026 por el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, quien resolvió revocar las órdenes de captura al considerar que existieron irregularidades procesales, entre ellas deficiencias probatorias y vulneraciones al debido proceso en actuaciones realizadas hace más de tres décadas.
En un pronunciamiento público, la PGN indicó que ejercerá los recursos legales correspondientes para revertir el fallo, al considerar que la resolución tiene implicaciones relevantes en un caso que marcó la historia política del país. La institución señaló que su actuación busca garantizar el respeto al marco constitucional y evitar escenarios de impunidad.
El Ministerio Público también presentó recursos contra la decisión judicial. Según se conoció, la Fiscalía planteó impugnaciones y acciones de recusación, mientras que la PGN argumenta que no fue convocada a la audiencia en la que se resolvió el caso, pese a su calidad de querellante adhesivo.
Abandono de país
Jorge Serrano Elías abandonó el país en junio de 1993 tras anunciar la disolución del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia, medidas que generaron una fuerte reacción institucional y social. Posteriormente se asiló en Panamá, donde ha permanecido desde entonces.
Las órdenes de captura en su contra habían sido ratificadas en distintas etapas procesales a lo largo de los años.
La reciente resolución ha generado reacciones encontradas en el ámbito jurídico. Mientras algunos especialistas sostienen que toda decisión debe ajustarse estrictamente a las garantías procesales, otros advierten que el fallo podría reabrir un debate sobre la responsabilidad penal en hechos que alteraron el orden democrático.
El proceso continuará en las instancias superiores conforme se tramiten los recursos anunciados por las partes involucradas.