MP rechaza acusaciones de expertos de la ONU contra Consuelo Porras
El Ministerio Público (MP) emitió este martes un comunicado en el que rechaza las acusaciones formuladas por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con supuestas adopciones ilegales de niños indígenas ocurridas entre las décadas de 1960 y 1990.
Los señalamientos aluden a hechos que habrían tenido lugar en el Hogar Temporal Elisa Martínez, donde la actual fiscal general, Consuelo Porras, ejerció como tutora legal durante un período comprendido entre enero y agosto de 1982.
Pronunciamiento de expertos
De acuerdo con la información difundida por expertos de la ONU, existirían indicios sobre la posible adopción irregular de al menos 80 menores indígenas entre 1968 y 1996.
#Guatemala – Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) February 16, 2026
En ese contexto, manifestaron preocupación por la eventual responsabilidad de personas que desempeñaron funciones de tutela o supervisión en el referido centro.
Los expertos solicitaron que las autoridades correspondientes garanticen investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes para esclarecer los hechos.
Respuesta del Ministerio Público
En su comunicado oficial, el MP calificó las acusaciones como “falsas, carentes de sustento probatorio y malintencionadas”.
La institución sostuvo que tales afirmaciones vulneran el honor, la dignidad y la presunción de inocencia de la fiscal general, además de considerar que podrían interferir en procesos judiciales en curso.
El ente investigador señaló que cualquier investigación debe realizarse en apego al debido proceso y dentro del marco legal guatemalteco.
La gestión de Porras al frente del MP está próxima a concluir. Recientemente fue postulada como candidata a magistrada de la Corte de Constitucionalidad, aunque no resultó electa para integrar ese órgano.
El caso se suma a un escenario de tensión entre sectores nacionales e instancias internacionales respecto al papel del Ministerio Público y su conducción en los últimos años.