El Congreso de Guatemala se prepara para una semana decisiva: los debates centrales del presupuesto 2026
La próxima semana se perfila como un momento crucial en la política guatemalteca, ya que el Congreso de la República retomará las intensas discusiones en torno al presupuesto general del Estado para el año 2026.
El proyecto, identificado oficialmente como iniciativa 6625, propone una histórica cifra de Q163 mil 783.4 millones, con lo que representa un incremento cercano a los Q9 mil millones respecto al periodo vigente.
Este aumento ha generado intensos cuestionamientos de parte de sectores políticos y sociales, que demandan mayor capacidad de ejecución y eficiencia en el uso de los recursos estatales.
Actualmente, el presupuesto se encuentra bajo análisis en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, instancia que ha dado cabida a audiencias públicas donde distintos ministerios y secretarías justifican sus solicitudes y exponen las prioridades de gasto.
Entre los temas principales se encuentran la inversión en infraestructura vial, educación, salud, agricultura y vivienda.
El Ministerio de Finanzas, dirigido por Jonathan Menkos, ha defendido que la estructura propuesta busca atender las necesidades fundamentales de la población y contempla, además, una asignación de Q1 mil millones para la devolución de impuestos, con el objetivo de dinamizar la economía nacional y reducir la deuda por este concepto.
Las discusiones continuarán la próxima semana con la presencia de la Junta Monetaria en el Congreso, cuyo papel será analizar junto a los diputados los potenciales impactos macroeconómicos del presupuesto, incluyendo su sostenibilidad y los riesgos asociados al endeudamiento público.
La Comisión de Finanzas prevé cerrar las audiencias el 10 de octubre, avanzando luego a la etapa de elaboración del dictamen, que podría estar listo entre el 20 y el 25 de este mes. Sin embargo, los legisladores han advertido que analizarán cuidadosamente las propuesta e incluso se espera la introducción de modificaciones a la estructura original planteada por el Ejecutivo.
De acuerdo con lo discutido, la mayor parte del presupuesto para diversas instituciones, como el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público, estaría destinada principalmente al pago de salarios, bonificaciones e inversión en el fortalecimiento institucional.
El sector justicia, por ejemplo, plantea un incremento presupuestario del 6.74%, mientras que carteras como el Ministerio de Desarrollo Social proponen aumentos de hasta un 32% para financiar programas sociales clave como el Bono Salud y el Bono Escolar.
El proceso de aprobación requiere que el Congreso emita una resolución definitiva antes del 30 de noviembre.
Las jornadas que tendrán lugar durante la próxima semana serán así determinantes para el futuro inmediato del país, poniendo a prueba la transparencia y la capacidad de consenso de los actores políticos frente a los retos fiscales y sociales que enfrenta Guatemala.
