Consuelo Porras buscar tercer mandato en el MP tras no ser electa magistrada
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, presentó su expediente para optar a un tercer mandato consecutivo al frente del Ministerio Público para el periodo 2026-2030, con lo que busca continuar en el cargo que ocupa desde 2018. Su actual gestión finaliza en mayo de 2026, luego de haber sido designada inicialmente en 2018 y reelegida en 2022, convirtiéndose en la primera fiscal general en repetir en el puesto desde la creación del MP.
La postulación de Porras para un nuevo periodo ocurre en un contexto político marcado por la recomposición de poderes en el sistema de justicia y por la disputa por los cargos clave en la Corte de Constitucionalidad y otras instancias. En días recientes, la funcionaria también buscó ser designada magistrada de la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos de Guatemala, al presentar su papelería ante el Consejo Superior Universitario, aunque finalmente no fue electa para integrar el alto tribunal. De esta manera, la jefatura del Ministerio Público se mantiene como el principal espacio institucional al que aspira a continuar vinculada.
María Consuelo Porras fue nombrada fiscal general por el entonces presidente Jimmy Morales en 2018, en sustitución de Thelma Aldana, y reelegida en 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei. A lo largo de sus dos periodos, ha tenido bajo su responsabilidad la conducción de investigaciones penales de alto impacto, la reorganización interna del Ministerio Público y la definición de prioridades en la persecución del delito a nivel nacional. Su permanencia en el cargo la ha convertido en una de las figuras de mayor continuidad dentro del aparato de justicia en los últimos años.
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La gestión de Porras al frente del Ministerio Público ha sido objeto de cuestionamientos de distintos sectores nacionales e internacionales. Organizaciones de derechos humanos, entidades de la sociedad civil y exoperadores de justicia han señalado decisiones relacionadas con el desmantelamiento o cambio de dirección de fiscalías que conocían casos de corrupción de alto perfil, así como la apertura de procesos penales contra fiscales, jueces y periodistas que participaron en investigaciones de estructuras de poder político y económico. Estos señalamientos derivaron en sanciones por parte de Estados Unidos y la inclusión de Porras en la Lista Engel de actores considerados como vinculados a corrupción o acciones antidemocráticas.
En el plano internacional, informes y comunicados de gobiernos y organismos extranjeros han manifestado preocupación por el rumbo del Ministerio Público bajo su dirección, particularmente en lo relativo a la persecución de casos de corrupción y la protección de operadores de justicia independientes. Entre las medidas adoptadas destacan restricciones de visado y pronunciamientos que atribuyen a su gestión un impacto negativo en la lucha contra la impunidad y en la independencia judicial.
En el ámbito interno, el proceso para la elección de la próxima fiscal general se desarrolla mediante una comisión de postulación encargada de revisar expedientes, calificar méritos y remitir una nómina al presidente de la República, quien debe designar a la persona que dirigirá el Ministerio Público en los próximos cuatro años. Dentro de ese proceso, el expediente de Porras se suma al de otros aspirantes que buscan ocupar la jefatura del MP, en un momento en que el funcionamiento del sistema de justicia y la actuación de las instituciones encargadas de la persecución penal se encuentran en el centro del debate público.