CIV propone ley integral para unificar el caos legal en el transporte
El viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones (CIV), Fernando Suriano, fue enfático al señalar que el sistema de transporte en Guatemala no puede seguir operando bajo un esquema de normativas dispersas y obsoletas. Durante una entrevista en La Red 106.1, el funcionario subrayó que la solución de fondo para los problemas de seguridad y eficiencia no vendrá de reformas parciales. «Es fundamental el planteamiento de una nueva ley de transporte que integre todas las leyes que hay», afirmó con determinación.
Para el funcionario, la fragmentación institucional es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. Actualmente, las competencias están divididas entre la SAT, la Dirección General de Transportes (DGT), PROVIAL, la Policía Nacional Civil y las municipalidades. Esta dispersión genera vacíos legales que impiden una fiscalización real. Suriano argumentó que unificar estos criterios en un solo cuerpo legal permitiría una gobernanza mucho más robusta y transparente.
Uno de los puntos más críticos mencionados es la antigüedad de la normativa vigente. Suriano recordó que existen leyes en el sector que datan de 1946, las cuales no responden a la realidad demográfica ni tecnológica del siglo XXI. La propuesta de una nueva ley busca eliminar estos «parches» jurídicos que han permitido, por décadas, que el sistema sea ineficiente. El objetivo es crear un marco moderno que obligue a la profesionalización de los prestadores del servicio.
La corrupción también ocupa un lugar central en la necesidad de este cambio legislativo. El viceministro señaló que el modelo actual de otorgación de líneas es propenso a prácticas no transparentes. Según el funcionario, una ley integrada permitiría establecer mecanismos de concesión más claros y competitivos. «Cualquier concesión que se dé bajo corrupción no te va a funcionar», sentenció, destacando que la transparencia debe ser el eje transversal de la nueva normativa.
Además de la unificación legal, Suriano visualiza que esta ley sea el punto de partida para un sistema multimodal de transporte. Esto implicaría que la legislación no solo regule buses, sino que facilite la integración con trenes de cercanías, metros y otros medios alternativos. Para lograrlo, se requiere una madurez política que trascienda los periodos de gobierno, ya que transformar el transporte es una política de Estado que podría tomar más de una década.
El funcionario también vinculó la necesidad de la ley con la dignidad del usuario. Como exusuario del transporte público, Suriano conoce de primera mano los abusos y el maltrato en las rutas extraurbanas. Una ley integrada permitiría sancionar directamente a los responsables y garantizar estándares mínimos de calidad. «El mismo sistema al mismo tiempo lo va a obligar a que se modernice», explicó, refiriéndose a que la falta de una ley clara está empujando a los usuarios a buscar otros medios.
Finalmente, el viceministro instó al sector público y privado a trabajar en este nuevo marco jurídico. Aunque reconoció que hay sectores que se oponen a cualquier tipo de regulación, insistió en que el Estado debe ejercer su fuerza para resolver el problema de fondo. La nueva ley de transporte integral se presenta así no solo como una necesidad técnica, sino como un compromiso urgente para salvar vidas y mejorar la competitividad de Guatemala en la región.