Una ley de 1946 para un sistema colapsado: el vacío legal del transporte público
Edgar Guerra identificó como uno de los principales obstáculos para transformar el transporte colectivo la ausencia de una ley moderna. Recordó que la normativa vigente data de 1946, una legislación que resulta completamente insuficiente para regular las complejas dinámicas del transporte actual.
El defensor del usuario del transporte público explicó que, antes de 1946, Guatemala ni siquiera contaba con una ley que regulara el transporte colectivo. Aunque reconoció el valor histórico de esa normativa, subrayó que hoy está totalmente rebasada por las necesidades del transporte urbano y extraurbano.
A su criterio, la falta de actualización legal ha generado un sistema desordenado, con vacíos regulatorios que permiten abusos, improvisaciones y falta de coordinación entre las instituciones responsables de velar por la seguridad vial y los derechos de los usuarios.
Guerra señaló que no basta con emitir nuevas leyes si las instituciones encargadas de aplicarlas no cuentan con las capacidades técnicas, humanas y presupuestarias para hacerlo. Denunció que muchos esfuerzos se quedan en acciones aisladas y sin coordinación interinstitucional.
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El entrevistado advirtió que esta falta de marco legal moderno ha perpetuado el caos en el transporte público, afectando directamente a millones de guatemaltecos que dependen diariamente de este servicio para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.
Insistió en que una nueva ley debe ir acompañada de una clara definición de responsabilidades, sanciones efectivas y mecanismos de control que permitan fiscalizar tanto a transportistas como a autoridades que incumplan su función.
Para Guerra, mientras el país continúe regulando el transporte con una legislación de hace casi 80 años, será imposible avanzar hacia un sistema seguro, eficiente y respetuoso de los derechos humanos de los usuarios.