¿Te devolverán lo que pagaste? Propuesta en el Congreso pone en la mira el impuesto de circulación
La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha colocado como su prioridad legislativa la exoneración del impuesto de circulación de vehículos, una iniciativa que, de aprobarse, tendría importantes implicaciones para las finanzas públicas y para millones de propietarios de vehículos en Guatemala.
El jefe de bloque, diputado Inés Castillo, defendió con vehemencia esta propuesta durante una entrevista en La Red Noticias 106.1.
«Nosotros como UNE, lo que queremos que hoy, hoy se debería aprobar por urgencia nacional la exoneración del impuesto de circulación de vehículos», afirmó Castillo, quien fundamentó esta posición en el deteriorado estado de la infraestructura vial del país, a pesar de la recaudación anual de más de 1,300 millones de quetzales por este concepto.
El argumento central de la UNE radica en que este impuesto, de carácter específico, está destinado a garantizar la seguridad y señalización vial, así como al mejoramiento de la red vial nacional. Sin embargo, según Castillo, estos objetivos no se están cumpliendo, lo que justificaría no solo la exoneración del pago para quienes aún no lo han realizado, sino también la devolución a quienes ya cumplieron con esta obligación tributaria.
«Los que han pagado que les devuelvan el dinero porque no es posible que sigamos pagando más de 1300 millones al año de impuestos de circulación de vehículos, que es uno de los impuestos específicos que el pueblo guatemalteco paga para la seguridad y señalización vial y mejorar la red vial», explicó el diputado.
Para ilustrar la gravedad de la situación, Castillo mencionó casos específicos donde la falta de señalización adecuada ha provocado accidentes fatales. «Mire lo que está pasando en el kilómetro 43, más de 30 personas se han matado en accidentes de tránsito, porque está tirado un tramo y ni siquiera está señalizado que está abandonado», denunció.
El legislador también criticó la improvisación en las medidas de seguridad implementadas en algunas carreteras.
«Si usted pasa por la base, que ahorita vengo por aquí, la señalización, mire ellos la hacen cada 50 centímetros, tienen esta señalización, no, allá lo que tienen son unos pedazos de bloco, un tubo de PVC rojo, donde la gente va a estallar las llantas, no sabe ni qué quiere decir eso, ni qué están haciendo ahí», describió.
La propuesta de la UNE llega en un momento en que la ciudadanía expresa un creciente descontento con la calidad de la infraestructura vial.
Según Castillo, este malestar es tan profundo que «el pueblo guatemalteco está casi en desobediencia civil por este tipo de situaciones», refiriéndose a la resistencia de algunos ciudadanos a pagar impuestos que no se traducen en mejoras tangibles.
La iniciativa de exoneración del impuesto de circulación plantea un dilema para el Congreso de la República. Por un lado, responde a una demanda ciudadana legítima frente a la evidente deficiencia en la infraestructura vial.
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Por otro, representa un desafío para las finanzas públicas, ya que implicaría renunciar a una importante fuente de ingresos fiscales y, potencialmente, devolver sumas ya recaudadas.
Castillo se mostró optimista respecto al apoyo que podría recibir esta propuesta en el pleno. «Nosotros esperamos que el Congreso apoye, porque esto realmente es una demanda del pueblo guatemalteco», afirmó, aunque no detalló si ya cuenta con respaldos concretos de otras bancadas.
La discusión de esta iniciativa se enmarca en un contexto de reactivación de la agenda legislativa, tras un período de entrampamiento donde diversas propuestas quedaron estancadas por falta de acuerdos entre las bancadas. La capacidad de la UNE para construir consensos en torno a esta propuesta será determinante para su avance en el proceso legislativo.
De aprobarse, la exoneración del impuesto de circulación no solo tendría un impacto económico inmediato para los propietarios de vehículos, sino que también podría sentar un precedente respecto a la relación entre impuestos específicos y la obligación del Estado de garantizar que estos se traduzcan en los servicios para los cuales fueron creados.
El debate sobre esta iniciativa promete ser uno de los más intensos en esta nueva etapa del Congreso, poniendo a prueba la capacidad de diálogo y negociación entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Organismo Legislativo.