¿Quién cuidará de los que ya no puedan trabajar? La crisis de pensiones que se avecina en Guatemala
Un fantasma recorre Centroamérica: el de millones de personas que envejecerán sin acceso a pensiones dignas en las próximas décadas.
Alberto Mora, excoordinador de investigación del Informe Estado de la Región, advierte sobre una crisis silenciosa pero inminente en los sistemas de seguridad social de la región, particularmente en Guatemala, donde apenas una quinta parte de la población cuenta actualmente con acceso a una pensión, la mayoría de ellas insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
«La población que hoy por hoy tiene pensión en un país como Guatemala es apenas cerca de una quinta parte de la población», reveló Mora durante una entrevista con La Red Noticias.
Esta alarmante estadística se torna aún más preocupante cuando se analiza la calidad de las pensiones existentes: «La mayor parte de esta población que hoy por hoy tiene acceso a una pensión tiene una pensión insuficiente, o sea, una pensión que no le alcanza para satisfacer sus necesidades cotidianas».
El panorama actual, ya de por sí crítico, amenaza con convertirse en una crisis humanitaria de proporciones históricas en las próximas décadas debido al acelerado proceso de envejecimiento poblacional que experimenta la región.
Según las proyecciones presentadas por Mora, para 2050 Guatemala duplicará el porcentaje de su población mayor de 65 años, pasando de aproximadamente un millón de adultos mayores en la actualidad a «cerca de 3 millones, 3 millones 200 mil personas».
Este incremento exponencial en la cantidad de adultos mayores ejercerá una presión sin precedentes sobre sistemas de pensiones que ya muestran serias deficiencias. «Esto es hoy, pero en el 2050 el doble de la población que hoy tenemos mayor de 65 años estará en esa condición y con esta baja cobertura de pensiones», advirtió el experto, subrayando la gravedad de mantener el statu quo en materia de seguridad social.
Las consecuencias de esta insuficiente cobertura son devastadoras a nivel individual y familiar. Sin acceso a pensiones dignas, millones de adultos mayores dependerán exclusivamente «de sus propios ingresos, de los ingresos que pudo haber acumulado durante su vida productiva y, por supuesto, de la atención que su familia pueda darle: el cuido, la manutención y, por supuesto, la atención de sus necesidades de salud, medicamentos, atención médica, etcétera», explicó Mora.
Esta situación trasladará la responsabilidad del cuidado y manutención de los adultos mayores directamente a las familias, generando una carga económica y de cuidados que muchos hogares no estarán en condiciones de asumir, especialmente considerando que para ese momento habrá proporcionalmente menos personas en edad laboral para sostener a una población envejecida cada vez más numerosa.
Ante este sombrío panorama, Mora enfatiza la necesidad de implementar reformas estructurales en múltiples frentes. «Debemos actuar en varios frentes, como suele suceder en materia de desarrollo. No hay una sola cosa que resuelva una situación como esta en todas sus dimensiones», afirmó el investigador.
Una de las prioridades identificadas por el experto es aumentar significativamente la cobertura de la seguridad social. «Debemos actuar claramente pensando en mecanismos que logren aumentar la cobertura de la seguridad social, tanto a nivel de salud pero sobre todo en pensiones, que haya una mayor cantidad de personas que cotizan», señaló Mora.
Para lograr este objetivo, resulta fundamental desarrollar «mecanismos e incentivos que permitan que la población se incorpore a la seguridad social». Esta recomendación adquiere especial relevancia en economías como la guatemalteca, caracterizadas por altos niveles de informalidad laboral que mantienen a amplios sectores de la población al margen de los sistemas de seguridad social.
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Paralelamente, Mora subraya la importancia de «revisar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, ver cómo está la cotización en relación con los pagos que se hacen a las personas que ya están jubiladas, ver si los sistemas son sostenibles o no, si es necesario elevar la cotización». Esta evaluación de la sostenibilidad financiera resulta crucial para garantizar que los sistemas puedan responder a la creciente demanda que generará el envejecimiento poblacional.
La transformación demográfica que experimenta la región no solo impactará los sistemas de pensiones, sino también los mercados laborales. Actualmente, las economías centroamericanas crecen principalmente «porque están agregando cada vez más personas al mercado de trabajo, porque los flujos de población joven son todavía crecientes en un país como Guatemala». Sin embargo, esta dinámica cambiará radicalmente en las próximas décadas.
«En cuestión de 30 a 40 años no tendremos la población joven que tenemos actualmente, y entonces las posibilidades de crecimiento económico dependerán fuertemente de la productividad de quienes están en edad laboral», anticipó Mora. Esta proyección subraya la necesidad de implementar políticas que incrementen la productividad laboral como estrategia para mantener el crecimiento económico en un contexto de envejecimiento poblacional.
El proceso de envejecimiento no afecta de manera homogénea a toda la región centroamericana. Mora identifica diferentes ritmos en esta transición demográfica, «con un proceso un tanto más avanzado en el caso de Costa Rica y de Panamá, y un tanto más tardío en los demás países de la región, incluida Guatemala».
Esta posición relativamente rezagada de Guatemala en la transición demográfica podría representar, paradójicamente, una ventaja estratégica. Según el experto, este retraso «es positivo en el caso de Guatemala porque les da más márgenes de maniobra para tomar las medidas que se requieren para atender esta situación demográfica». Este tiempo adicional constituye una oportunidad invaluable para implementar reformas antes de que la crisis alcance su punto crítico.
El sistema de salud representa otro pilar fundamental que requiere transformaciones profundas para enfrentar el envejecimiento poblacional. El aumento en la esperanza de vida, que actualmente «es entre 12 y 15 años mayor que la que teníamos en 1990», viene acompañado de un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas, cuyo costo de atención es elevado.
Esta situación ejerce una presión adicional sobre sistemas de salud ya de por sí precarios. «Los niveles de inversión pública en salud son tan bajos… imagínese usted qué calidad y qué tipo de servicios de salud puede recibir una persona con 100 dólares en promedio al año», cuestionó Mora.
Esta insuficiencia presupuestaria «obliga entonces nuevamente, como en el caso del envejecimiento, a tener que resolver de manera privada, mediante los ingresos de las familias, la atención de los servicios de salud y la atención de estas enfermedades crónico-degenerativas».
Actualmente, Guatemala atraviesa un periodo de «bono demográfico», caracterizado por un crecimiento de la proporción de personas en edad productiva mayor que el de personas en edad inactiva (menores de 15 y mayores de 65 años).
Sin embargo, este bono tiene fecha de caducidad. «A partir de 2050 ya se agotaría ese bono demográfico y más bien la relación sería inversa: el crecimiento sería mayor de personas en edad inactiva, sobre todo personas adultas mayores, y tendería a disminuir el de personas en edad laboral», explicó Mora.
La experiencia internacional demuestra que esta coyuntura demográfica puede representar una oportunidad histórica para el desarrollo, como ocurrió con los «tigres asiáticos» en la década de 1990. Sin embargo, Mora advierte que «esto no es una relación automática, se necesita tomar conciencia de las oportunidades y los riesgos que esta coyuntura demográfica conlleva para implementar políticas públicas oportunas».
El tiempo para actuar es ahora. La ventana de oportunidad que representa el bono demográfico se cerrará gradualmente en las próximas décadas, y con ella la posibilidad de implementar reformas estructurales antes de que el envejecimiento poblacional alcance niveles críticos.
De lo contrario, la región podría enfrentar una crisis social y económica sin precedentes, con millones de adultos mayores sin acceso a pensiones dignas ni servicios de salud adecuados.