¿Qué tan lejos está dispuesto el Estado a llegar para frenar la criminalidad en los penales?

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que el Estado no puede seguir cediendo a la presión de los grupos delictivos en las cárceles, al señalar que sus acciones no solo alteran el orden dentro de los recintos, sino que afectan directamente la seguridad de la población.

“El problema no es el orden o desorden, sino el impacto que tienen en la seguridad de las personas. No podemos seguir así”, afirmó, al recalcar que los internos deben cumplir sus condenas sin privilegios.

De acuerdo con Jiménez, las medidas que impulsa la cartera de Gobernación buscan garantizar un mayor control en los centros penitenciarios, reducir el riesgo de enfrentamientos y limitar la capacidad de los privados de libertad de coordinar delitos desde adentro.

Reconoció que aún no se alcanza el cien por ciento de efectividad, pero enfatizó que la estrategia está encaminada a ese objetivo.

El funcionario fue enfático en descartar cualquier plan de liberación o traslado irregular de cabecillas de pandillas, a quienes responsabilizó de promover disturbios debido a la pérdida de beneficios dentro de los penales. “No están reaccionando por defender derechos, sino por exigir privilegios, y el Estado está decidido a que eso no continúe”, remarcó.

Jiménez también reconoció que la comunicación con los medios ha sido limitada, aunque se comprometió a fortalecerla para mantener a la ciudadanía informada sin poner en riesgo las operaciones de seguridad.

“Al dar detalles, podemos poner en riesgo nuestras acciones, pero entendemos que la población necesita estar informada. Vamos a fortalecer esa comunicación para que el trabajo de ustedes, que es informar a la ciudadanía, pueda cumplirse mejor”, concluyó.