¿Qué frena la legalización? Los litigios que complican el nuevo decreto educativo

La diputada Lucrecia Marroquín reconoció que la implementación del nuevo decreto destinado a legalizar los terrenos de miles de escuelas presenta importantes desafíos para el Ministerio de Educación y las instituciones involucradas.

Aunque la normativa busca beneficiar a más de 35,000 centros educativos, su ejecución será compleja debido a diversos factores administrativos y legales.

Entre los principales retos figura la existencia de litigios sobre algunos terrenos, una situación que podría retrasar la entrega de documentación definitiva.

Marroquín aclaró que no se contempla la expropiación como mecanismo de solución, sino la búsqueda de acuerdos con familias o propietarios que mantienen reclamaciones sobre los espacios ocupados por escuelas.

La diputada insistió en que el papel de los directores será determinante, pues deberán coordinar la recopilación de expedientes, facilitar inspecciones y asegurar que cada fase del proceso avance con transparencia.

También subrayó la importancia de la fiscalización para que los recursos asignados se utilicen adecuadamente y el plan logre su meta.

Pese a las dificultades previstas, Marroquín expresó confianza en que este decreto será un punto de partida para mejorar la infraestructura educativa y brindar a los estudiantes espacios más dignos y seguros.