¿Puede el convenio SAFE con Estados Unidos marcar un punto de inflexión en la seguridad guatemalteca?
Un reciente acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos podría representar un avance significativo en la lucha contra la impunidad en el país centroamericano, según señaló el experto en seguridad Arkel Benítez durante una entrevista radiofónica.
El convenio, denominado programa SAFE, busca facilitar el retorno de personas con órdenes de captura que han huido a territorio estadounidense.
«Aquí yo destacaría la importancia del convenio que se firmó ayer con el gobierno de Estados Unidos, un programa denominado SAFE», comentó Benítez, explicando que este acuerdo tiene un doble propósito: «Por un lado, complacer las exigencias del presidente Trump para el retorno de personas que tengan orden de captura en territorio estadounidense, pero que, de alguna manera, también es un buen paso para Guatemala».
El especialista citó datos publicados por un centro de pensamiento llamado «100», según los cuales existen más de 24,000 órdenes de captura pendientes en Guatemala.
«Es cierto que muchos de estos, o una buena parte, probablemente hayan emigrado hacia Estados Unidos, eludiendo la justicia guatemalteca», señaló Benítez.
Este convenio, que según el experto ya funcionaba en El Salvador desde 2012, podría ayudar a reducir la impunidad en Guatemala al permitir la captura y retorno de prófugos de la justicia. «Nadie quiere, adentro de su país, que lleguen delincuentes», afirmó Benítez, quien consideró que el ministro de Gobernación «lo hizo bien» al firmar este acuerdo.
El programa SAFE se enmarca en lo que el especialista describe como «pequeñas cosas que pueden ir cambiando el rumbo de la seguridad» en Guatemala. Sin embargo, Benítez también señaló que para lograr mejoras significativas en esta área es necesario «mejorar la relación entre MP [Ministerio Público] y gobierno», sugiriendo que la falta de coordinación entre estas instituciones ha sido un obstáculo para avanzar en la lucha contra la delincuencia.
El experto también abordó la necesidad de reformas estructurales más amplias en el sistema de seguridad y justicia guatemalteco. Entre ellas, mencionó la reforma a la ley de la Policía Nacional Civil, la reforma al sistema penitenciario y la reforma al Código Procesal Penal.
Respecto al sistema penitenciario, Benítez señaló su estrecha relación con la seguridad pública, a pesar de ser instituciones separadas. «Es necesario, lógicamente, reformar el sistema penitenciario, que no tiene nada que ver con la Policía Nacional Civil, pareciera, pero que el problema es que se generan desde ahí una ingente cantidad de delitos que sí lo tiene que combatir la Policía Nacional Civil», explicó.
El especialista estimó que se requiere una inversión aproximada de 800 millones de dólares para implementar estas reformas, de los cuales unos 500 millones deberían destinarse al sistema penitenciario y el resto al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil.
Benítez también destacó la importancia de involucrar al Congreso en este proceso de reforma. «Se requiere que el Congreso se implique en esta reforma a través de las comisiones de trabajo respectivas que hay en el legislativo», señaló.
El convenio SAFE con Estados Unidos podría ser parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad en Guatemala, que incluya no solo la persecución penal de los delincuentes sino también reformas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia, así como una mayor coordinación entre ellas.
Sin embargo, el experto advirtió que estos esfuerzos deben ir acompañados de medidas para combatir la corrupción dentro de las propias instituciones encargadas de la seguridad, así como de políticas de prevención que aborden las causas subyacentes de la delincuencia.