Presidente de El Salvador dice “no” a ley que castigaría a traficantes de personas
La cárcel para quienes organicen o promuevan el tráfico ilegal de personas fue una posibilidad que duró horas en El Salvador: el presidente Bukele se opuso a la reciente ley aprobada por el Congreso.
Los menores no acompañados y los migrantes que hoy se entregan a las patrullas fronterizas en Estados Unidos provienen en su mayoría de los países del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los guías o coyotes, como se les conoce en Centroamérica, son quienes llevan a estos migrantes hasta la frontera, pero identificarlos y castigarlos en sus países de origen se ha vuelto una tarea difícil para las autoridades.
El Congreso de El Salvador buscó el pasado 25 de marzo castigar con hasta 12 años de prisión a los que llama “traficantes de personas” por los delitos relacionados a la evasión de los controles migratorios en El Salvador u otros países.
El proyecto quedó en papel y al parecer no llegará a convertirse en ley porque no tiene la aprobación del presidente Nayib Bukele, quien advirtió que la vetará.
“Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya, pero no podemos seguir criminalizando la migración.
Alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será vetada”, dijo Bukele.
Esta actitud no va en línea con el apoyo que la embajada de Estados Unidos y la Fiscalía General mostraron cuando la ley fue aprobada.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O’Brien, aplaudió la ley y dijo que El Salvador había dado un paso importante al reconocer que sus ciudadanos no pueden ser usados como mercancía de tráfico.
Mientras que la Fiscalía General, que trabajó en el proyecto por dos años, celebró lo que llamó “concretar un objetivo histórico”.
Hoy que Estados Unidos lucha contra la crisis migratoria en la frontera sur, el gobierno de Bukele dice “no” por primera vez desde que ganó el Ejecutivo en 2019 a un proyecto de ley que busca castigar a quienes trasladen, alberguen o guíen a personas que burlan controles migratorios.
Mientras Ronald Johnson fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, las administraciones Bukele y Trump mantuvieron acuerdos migratorios que en su momento fueron criticados por las organizaciones de derechos de los migrantes.
El Acuerdo del Tercer País Seguro fue uno de esos. Pero hoy, con el cambio de mando en la Casa Blanca, el tono diplomático entre ambas naciones parece cada vez más frío, advierten observadores.
*Con información de VOA