¿Podrá Guatemala frenar a las maras? Jefes fiscales piden al Congreso endurecer penas contra pandilleros
Diputados y fiscales del Ministerio Público (MP) sostuvieron una reunión esta semana para analizar estrategias conjuntas contra las pandillas juveniles que operan en Guatemala, principalmente la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS).
La fiscal general, María Consuelo Porras, lideró el encuentro con el objetivo de presentar evidencia sobre la creciente violencia y la sofisticación de estas estructuras criminales.
Según datos del MP, en lo que va del año se han registrado más de 13 mil denuncias por delitos atribuidos a maras, incluyendo extorsiones, homicidios y estafas realizadas por imitadores que se hacen pasar por pandilleros.
Los fiscales destacaron que las extorsiones se realizan en gran parte desde centros penitenciarios, donde persisten vulnerabilidades que permiten el ingreso de teléfonos y otros instrumentos para delinquir.
2025: 272 días de trabajo fuerte y firme 💪#ResultadosMP ✅
Bajo la dirección de la Fiscal General, doctora María Consuelo Porras Argueta, se ha intensificado la lucha contra las estructuras criminales que tanto afectan al país.Logrando golpes contundentes y efectivos,… pic.twitter.com/hyyOLdZKSh
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 29, 2025
Durante la sesión, se planteó la necesidad de reformas legales para fortalecer la persecución de los delitos cometidos por pandilleros.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran la modificación de la Ley contra la Delincuencia Organizada para incluir a las maras como grupos criminales estructurados, la eliminación de beneficios judiciales como la suspensión condicional de la pena y la creación de juzgados especializados para este tipo de casos.
Los fiscales también hicieron énfasis en la urgencia de aprobar la Ley contra la Ciberdelincuencia, que permitiría atacar nuevas modalidades de extorsión y suscribir tratados internacionales en la materia. Asimismo, se destacó la importancia de sancionar a funcionarios del sistema penitenciario que faciliten el ingreso de teléfonos o armas a los reclusos.
Por parte del Congreso, seis miembros de la junta directiva y diez jefes de bloque aceptaron participar en la mesa de diálogo propuesta por la fiscal general, mientras que el presidente del Congreso, Nery Ramos, no asistió a la convocatoria. La instancia acordó reunirse todos los jueves para discutir reformas legales y estrategias de prevención y persecución del crimen organizado.