La urgencia detrás de la reforma antilavado: Guatemala contra reloj para evitar sanciones internacionales
Aunque la próxima evaluación internacional sobre el combate al lavado de dinero en Guatemala está programada para febrero de 2027, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo advierte que el país tiene apenas un año para aprobar la ley que evitaría sanciones financieras internacionales.
La iniciativa de ley 6593, presentada esta semana al Congreso, es vista como clave para que Guatemala modernice su marco legal y evite caer en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“El 2027 no es el punto de partida, es el punto final”, explicó Julio Flores, Comisionado contra la Corrupción, al justificar la urgencia con la que el Ejecutivo busca la aprobación de la norma.
Según el cronograma gubernamental, la ley debe ser aprobada en 2025, implementada a lo largo de 2026 y estar completamente operativa al momento de la evaluación del GAFI en 2027.
Durante una entrevista con Red Noticias, Flores respondió a los cuestionamientos de sectores políticos que consideran exagerado el llamado de urgencia. “El GAFI no evalúa solo si una ley existe en papel, sino si ha sido implementada y está funcionando. Por eso, si no se aprueba en 2025, no llegamos a tiempo”, subrayó.
La reforma legal, que sustituiría el marco vigente desde 2001, busca alinear la legislación guatemalteca con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Entre sus principales novedades se encuentra la inclusión del concepto de “beneficiario final”, la ampliación de sectores obligados a reportar transacciones sospechosas y el endurecimiento de penas que podrían alcanzar los 30 años de prisión en casos graves.
El proyecto ha sido elaborado con el acompañamiento técnico de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que, según el Ejecutivo, garantiza su solidez y pertinencia. “Es una propuesta robusta, bien fundamentada y diseñada para proteger al país de amenazas internas y del aislamiento financiero”, destacó Flores.
El Comisionado también recalcó que esta reforma no es solo un asunto de gobierno. “La inclusión de Guatemala en la lista gris tendría consecuencias directas para el sector privado, la banca, el comercio exterior, las inversiones y hasta para las remesas. No es un tema ideológico ni político; es un asunto de país”, dijo.
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El ingreso a la lista gris implicaría restricciones para operar con bancos internacionales, mayores costos para las transacciones financieras y un impacto negativo en la confianza de inversionistas extranjeros.
Además del componente represivo, la iniciativa incluye un enfoque preventivo basado en la gestión de riesgos, alineado con las mejores prácticas internacionales. Flores explicó que esto implica identificar, evaluar y mitigar riesgos desde las instituciones financieras y sectores económicos expuestos.
Aunque Guatemala no ha sido evaluada por el GAFI desde hace una década, el país está bajo la mirada internacional debido a su exposición a flujos financieros ilícitos.
La iniciativa de ley 6593 forma parte de la agenda más amplia del gobierno de Arévalo, que busca consolidar reformas en transparencia, institucionalidad y combate a estructuras criminales. Sin embargo, su aprobación dependerá del Congreso, donde los consensos aún están en construcción.
“Esta es una oportunidad para demostrar que el país está comprometido con el Estado de derecho y la legalidad”, concluyó Flores. Para el Ejecutivo, la cuenta regresiva ya empezó.