¿La Corte cederá? Pandillero interpone amparo contra la Ley Antipandillas y desata polémica
En medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad en el país, el diputado José Chic manifestó su rechazo al amparo interpuesto por un miembro de la Mara Salvatrucha ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la Ley Antipandillas (Decreto 11-2025), una normativa que declara terroristas a las maras y endurece las penaspara sus integrantes.
El recurso fue presentado por Dylan Smaily Archila García, condenado por extorsión, quien argumenta que la ley vulnera derechos fundamentales como el principio de legalidad, la certeza jurídica y el debido proceso, al considerar que condena a los pandilleros antes de ser juzgados por un tribunal competente. Además, sostiene que el Congreso habría excedido sus atribuciones al aprobar la normativa.
En respuesta, Chic calificó el recurso como un intento de socavar los esfuerzos del Estado por recuperar el control de las cárceles y proteger a la población. “Es inaceptable que se intente frenar una ley que busca devolver la tranquilidad a los guatemaltecos. La Corte no puede prestarse a un juego de delincuentes”, afirmó el legislador.
#LaRedInforma | “No es un juego de delincuentes”, afirma el diputado José Chic tras conocer el amparo presentado por un integrante de la Mara Salvatrucha contra la Ley Antipandillas. pic.twitter.com/1q7N6MRuVT
— La Red (@Lared1061) November 12, 2025
El diputado señaló que su bancada se constituirá como tercero interesado en el proceso, con el fin de impedir que el amparo prospere. “Las maras y pandillas deben perder los privilegios que han tenido a costa de la sociedad. Hay familias que viven con miedo, niños huérfanos y mujeres viudas por culpa de su violencia”, expresó.
La Ley Antipandillas, aprobada recientemente por el Congreso, prohíbe medidas sustitutivas para los pandilleros, eleva las penas por delitos de extorsión y asesinato, y faculta al Estado a catalogar a estas estructuras como organizaciones terroristas.
La decisión que adopte la Corte de Constitucionalidad en torno al amparo podría marcar un precedente clave para la política criminal del país, ya que definiría los límites entre el respeto a los derechos humanos y la aplicación de medidas extraordinarias frente a la delincuencia organizada.