¿Incremento o crisis? Lo que el 10% al salario mínimo significa para las PYMES
El reciente anuncio del Gobierno sobre el incremento del 10% al salario mínimo para el 2025 ha generado un debate importante entre empresarios y trabajadores, destacando los efectos que este ajuste tendrá en la estabilidad económica y social del país.
Aunque se reconoce que el aumento busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, también plantea desafíos significativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen la columna vertebral de la economía guatemalteca.
De acuerdo con el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agropecuarias y Financieras (CACIF), el incremento anunciado representa un reto considerable para las MIPYMES, que emplean a una gran parte de la fuerza laboral del país.
Las pequeñas y medianas empresas, que operan en sectores de alta demanda laboral, enfrentarán dificultades adicionales para absorber el aumento en los costos salariales sin afectar la competitividad y sostenibilidad de sus operaciones.
Este incremento salarial podría generar un alivio en términos de poder adquisitivo para los trabajadores de menores ingresos, pero también tiene implicaciones en la rentabilidad de muchas empresas, que ya enfrentan dificultades estructurales.
En el caso de las microempresas, que dependen en gran medida de una mano de obra calificada y de costos ajustados, el aumento podría traducirse en un incremento de los precios de sus productos o en la reducción de personal, lo que afectaría la oferta laboral en ciertos sectores.
Para algunos analistas económicos, el aumento en el salario mínimo podría tener efectos tanto positivos como negativos.
Por un lado, se señala que este ajuste podría incentivar el consumo interno, al mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual favorecería a los sectores que dependen de la demanda interna.
Sin embargo, también se advierte que el impacto en las empresas podría llevar a una ralentización en el crecimiento de la inversión empresarial, lo cual afectaría la capacidad de muchas empresas para expandirse o mantenerse operativas.
En este contexto, las MIPYMES deberán priorizar estrategias que les permitan adaptarse a los nuevos costos laborales, implementando procesos más eficientes, mejorando su competitividad a través de la innovación y ajustando sus márgenes de rentabilidad.
Según CACIF, la clave para el éxito estará en una mayor colaboración entre el sector privado y el gobierno, promoviendo la creación de políticas públicas que favorezcan la capacitación y la profesionalización de la fuerza laboral, así como la optimización de recursos para evitar impactos negativos en la generación de empleo.