Gobierno establece lineamientos para control y contención del gasto público en 2026
La Presidencia de la República publicó este lunes el oficio 001-2026, en el que se establecen lineamientos para la eficiencia, control y contención del gasto público durante el ejercicio fiscal 2026. El documento fue difundido a través del Diario de Centro América.
El oficio detalla que las instituciones del Estado deberán programar y ejecutar los recursos propios y saldos de caja acumulados de ejercicios anteriores de manera que se mejore la cobertura de bienes y servicios públicos. Asimismo, los ingresos tributarios, cuotas financieras específicas y bonos del tesoro estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, en función del comportamiento de la recaudación fiscal.
Entre las disposiciones más destacadas se incluyen la garantía de financiamiento para el pago de sueldos y salarios de la nómina pública, así como de honorarios de servicios técnicos y profesionales contratados. Se enfatiza también que cualquier modificación presupuestaria que afecte programas sustantivos deberá ser evaluada previamente.
La iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, contempla un plan estratégico de profesionalización en contrataciones públicas 📓✍🏻, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal especializado en esta área. 👩🏫 📊
#AlPuebloDignoSeLeResponde @jmenkos… pic.twitter.com/RlQGJnUDC8— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) February 2, 2026
El oficio establece restricciones en ciertos gastos, como viáticos, transporte, festejos, seguros médicos o servicios de medicina prepago para empleados y funcionarios, salvo que sean ineludibles o estén contemplados en pactos colectivos. Además, la compra de vehículos deberá atender únicamente a prioridades institucionales, exceptuando ambulancias, patrullas y vehículos para servicios de emergencia.
Analistas señalan que estas medidas buscan contener el gasto público y priorizar la asignación de recursos a programas esenciales, aunque algunos sectores podrían considerar que ciertas restricciones afectan la operatividad de las instituciones o limitan su capacidad de inversión.
El documento subraya que la gestión de las finanzas públicas debe orientarse a la racionalidad económica, eficiencia y transparencia, priorizando la ejecución de recursos conforme a los objetivos de la Política General de Gobierno, aunque no detalla mecanismos de fiscalización independientes para supervisar su cumplimiento.
