Estado de sitio por 30 días: el alcance de la medida anunciada por Arévalo
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, declaró estado de sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días, como respuesta a los recientes hechos de violencia registrados en centros penitenciarios y a los ataques dirigidos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La medida fue anunciada en cadena nacional y quedó formalizada mediante el decreto gubernativo 1-2026, el cual entró en vigor de manera inmediata tras su publicación este lunes en el Diario de Centro América.
De acuerdo con la información oficial, el estado de sitio tiene un alcance específico y focalizado, dirigido exclusivamente al combate de la criminalidad organizada, maras, pandillas y grupos que buscan generar violencia o intimidar a la población.
Las autoridades recalcaron que la medida no pretende alterar la vida cotidiana de la ciudadanía ni restringir el funcionamiento normal del país.
El Gobierno aseguró que durante la vigencia del estado de sitio las actividades laborales, educativas, comerciales y de servicios continúan desarrollándose con normalidad, así como la libre circulación de personas y vehículos.
En el ámbito educativo, las clases se reanudarán con normalidad a partir del martes, tras una suspensión preventiva aplicada este lunes por el Ministerio de Educación.
Las autoridades explicaron que el decreto faculta a los cuerpos de seguridad a aplicar medidas extraordinarias únicamente en situaciones estrictamente necesarias, con el objetivo de restablecer el orden y prevenir nuevas acciones violentas.
Estas facultades incluyen controles específicos sobre reuniones, circulación vehicular y operaciones contra personas o grupos vinculados a los hechos que motivaron la declaratoria.
Estadio de Sitio: proceso de declaratoria y su aprobación o improbación en el Congreso
El Ejecutivo subrayó que no se suspenden procesos políticos ni judiciales, y que las instituciones públicas y privadas continúan operando con normalidad, reafirmando el compromiso de preservar el Estado de derecho y las garantías constitucionales de la población.
Finalmente, el Gobierno reiteró que el estado de sitio no está dirigido contra la ciudadanía en general, sino contra estructuras criminales que han intensificado acciones para desestabilizar la seguridad nacional, y aseguró que las fuerzas de seguridad actuarán bajo un marco legal y con respeto a los derechos humanos.