¿Es un modelo como el de El Salvador la respuesta ante el aumento de violencia en Guatemala?
La percepción de inseguridad en Guatemala ha llegado a un punto crítico, donde la población manifiesta una creciente desesperación por soluciones concretas que reduzcan la violencia que afecta su vida cotidiana.
En una entrevista concedida a La Red 106.1, el diputado David Illescas puso sobre la mesa la inquietud social que revela un estudio de la Fundación Libertad y Desarrollo: muchos guatemaltecos estarían dispuestos a sacrificar ciertas libertades democráticas si esto significa que alguien puede resolver el problema de la inseguridad.
Esta afirmación refleja una demanda latente que se ha expresado en el debate público sobre la posibilidad de adoptar un modelo como el de El Salvador, conocido como el “modelo Bukele”.
El modelo Bukele, implementado en El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se ha destacado por su enfoque en mano dura contra las pandillas y la criminalidad, con medidas que incluyen la militarización de la seguridad pública, allanamientos masivos, régimen de excepción y reformas legales que limitan derechos procesales para acelerar detenciones.
Estas acciones han tenido como resultado una reducción significativa de la tasa de homicidios, situando a El Salvador como uno de los países más seguros de América Latina en los últimos años. Sin embargo, estas medidas han generado un debate intenso acerca de los costos en materia de derechos humanos y el riesgo de autoritarismo.
Illescas, en su análisis, calificó como “malo” el desempeño del Ejecutivo guatemalteco en materia de seguridad, y argumentó que no se trata de una falta de intención sino de limitaciones legales que impiden una respuesta eficaz.
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Según el diputado, mientras la legislación sea protectora y tímida, el sistema seguirá operando a favor de mantener un statu quo que no permite avances significativos en la lucha contra la inseguridad.
Por ello, considera necesaria una reforma radical del sistema para que las autoridades puedan actuar con mayor contundencia y la población recupere la esperanza en el Estado.