En qué consiste la ley que elimina el impuesto a las herencias
Después de casi ocho décadas de vigencia, el Congreso de la República aprobó el Decreto 06-2026, que deroga la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones (Decreto 431), tributo que estaba en vigor desde 1947. La medida elimina el pago obligatorio que debían realizar los ciudadanos por los bienes recibidos tras el fallecimiento de un familiar.
Con esta nueva normativa, los guatemaltecos ya no tendrán que pagar impuestos por heredar bienes, principalmente casas y terrenos. Además, la ley establece que todos los procesos sucesorios que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigencia quedarán exonerados del pago, lo que representa un alivio inmediato para muchas familias.
Durante la discusión en el pleno, se expuso que este impuesto representaba apenas el 0.4% de la recaudación fiscal total, equivalente a unos Q40 millones anuales. Según los diputados que impulsaron la derogatoria, su eliminación no tendrá un impacto significativo en las finanzas públicas, pero sí un efecto directo y positivo en la economía de los hogares.
Congreso aprueba ley que da a las municipalidades más flexibilidad para financiar obras
Los legisladores argumentaron que, en muchos casos, los herederos no cuentan con la liquidez necesaria para cubrir el tributo, lo que los obliga a endeudarse o incluso a vender propiedades con alto valor patrimonial y sentimental. La derogatoria busca precisamente proteger el patrimonio familiar y evitar que las familias pierdan bienes por no poder cumplir con la carga fiscal.
La decisión también se alinea con una tendencia internacional. De acuerdo con datos citados en el Congreso, 15 de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han eliminado el impuesto a las herencias, legados y donaciones, al considerar limitada su eficiencia recaudatoria y cuestionable su equidad.
El Decreto 06-2026 entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, marcando un cambio histórico en la política fiscal del país y dando certeza jurídica a las familias que enfrentan procesos sucesorios en Guatemala.