¿Dónde está la inversión? Así se está gastando el presupuesto mientras las obras se estancan
Guatemala enfrenta un desafío estructural en la gestión de sus finanzas públicas que va más allá de los porcentajes de ejecución presupuestaria.
Según revela Jorge Lavarreda, investigador económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el país está experimentando un incremento en el gasto de funcionamiento a expensas de la inversión pública, una tendencia que podría comprometer seriamente el desarrollo a largo plazo.
«Estamos gastando más de lo que invertimos», confirmó Lavarreda durante una entrevista concedida a La Red Noticias 106.1 FM, donde presentó los resultados del «Proyecto Alerta Presupuesto», un análisis exhaustivo de la ejecución presupuestaria del gobierno durante 2024 y el primer semestre de 2025.
El estudio revela que durante 2024, las prioridades del gasto público se concentraron en cinco áreas principales: remuneraciones, transferencias de capital al sector público, transferencias a municipalidades, transferencias corrientes al sector privado e intereses y prestaciones a la seguridad social.
Mientras tanto, la formación bruta de capital fijo —es decir, la inversión real en infraestructura y bienes duraderos— experimentó una caída significativa de 2,106.3 millones de quetzales respecto al año anterior.
«En gastos de funcionamiento, se superó el promedio de los últimos cinco gobiernos en ejecución financiera, y se quedó corto en los gastos de inversión», explicó Lavarreda, proporcionando cifras concretas que ilustran esta disparidad. «El año pasado se ejecutó en todo el año el 78.66% [en inversión], y el promedio de los cinco gobiernos anteriores fue un 86.55%».
Esta tendencia no solo se mantuvo sino que se acentuó durante el primer semestre de 2025, donde nuevamente las prioridades se centraron en transferencias de capital al sector público (principalmente a los Consejos Departamentales de Desarrollo), transferencias a municipalidades, transferencias corrientes al sector público (incluyendo Administración Central, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Congreso de la República y Universidad de San Carlos), así como remuneraciones y prestaciones a la seguridad social.
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El análisis del CIEN no se limita a las cifras globales, sino que profundiza en la ejecución presupuestaria por institución, revelando rezagos importantes en entidades clave para el desarrollo. «Encontramos instituciones que tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025 muestran rezagos importantes respecto a los cinco gobiernos anteriores: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones, que a nadie sorprende, incluso en el primer año de gobierno el Ministerio de Cultura y Deportes también», señaló Lavarreda.
Un caso particularmente preocupante es el de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), que en 2024 solo ejecutaron el 52.20% de su presupuesto asignado, a pesar de haber terminado con un presupuesto vigente de 6,412.1 millones de quetzales, significativamente mayor a los 4,044.2 millones inicialmente asignados.
La situación se torna aún más alarmante en 2025, donde los CODEDES cuentan con un presupuesto vigente a junio de 12,269.6 millones de quetzales, pero solo han ejecutado el 17.11%. Más revelador aún es el caso del aporte extraordinario de 5,012 millones aprobado como de urgencia nacional, del cual apenas se ha transferido el 2.06% a junio.
«Obviamente no había ninguna planificación detrás, era simplemente una asignación: primero ponemos el dinero y ahí vemos en qué lo gastamos», explicó Lavarreda, señalando una de las deficiencias fundamentales en el proceso presupuestario guatemalteco.
El investigador enfatizó que el proceso presupuestario debería seguir un orden lógico: primero planificación, luego asignación de recursos que respondan a esa planificación, seguido por la ejecución y finalmente el seguimiento y evaluación. Sin embargo, en Guatemala «nos estamos saltando la etapa 1 y la última, no hay ni planificación ni seguimiento ni evaluación, entonces vamos como a ciegas en estas asignaciones, y el resultado es lo que estamos viendo».
Esta situación resulta particularmente paradójica considerando que el actual gobierno cuenta con funcionarios que históricamente han criticado la ineficiencia del gasto público. Ante la pregunta sobre si están replicando exactamente los mismos patrones de sus predecesores, Lavarreda ofreció una perspectiva matizada.
«Digamos que no hay algo distinto», reconoció, aunque señaló que el actual gobierno parece estar en una «trampa» debido a su enfoque en el combate a la corrupción. «El tema es correcto, pero… realmente se trabó mucho la ejecución, tanto en el primer año de gobierno como en lo que va este segundo».
Según el analista, esta situación podría explicarse por la preferencia de los funcionarios actuales de «no ejecutar, a ejecutar algo que tengan dudas», lo que habría llevado a buscar alternativas como «meterle un montón de dinero allá a los consejos departamentales de desarrollo».
«Creo que tienen como la intención de hacer las cosas distintas, pero las reglas del juego, creo que no las conocían tan bien», reflexionó Lavarreda.
«Ellos pensaban, creo yo, que con buena voluntad y que de hacer las cosas bien, pues las cosas caminan, y en realidad es algo más que simplemente querer más transparencia y combatir la corrupción».
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El análisis del CIEN pone de manifiesto una realidad preocupante: más allá de los porcentajes globales de ejecución presupuestaria, Guatemala enfrenta un desequilibrio estructural en la distribución de sus recursos públicos, priorizando el gasto corriente sobre la inversión y careciendo de mecanismos efectivos de planificación, seguimiento y evaluación.
Esta tendencia, de mantenerse, podría tener consecuencias graves para el desarrollo a largo plazo del país, comprometiendo la capacidad del Estado para proveer infraestructura y servicios públicos de calidad. La situación demanda una revisión profunda de las prioridades presupuestarias y los mecanismos de asignación y ejecución de recursos, con énfasis en fortalecer la planificación estratégica y los sistemas de evaluación de resultados.
El desafío para las autoridades actuales y futuras será encontrar un equilibrio que permita tanto garantizar la transparencia y combatir la corrupción como asegurar una ejecución eficiente de los recursos públicos, particularmente en lo que respecta a inversión en infraestructura y desarrollo.