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Nacionales

Consuelo Porras vuelve a postularse para la CC y entrega expediente a través de un tercero

27 de febrero de 2026
MP resuelve el 99% de casos pendientes de administraciones anteriores, afirma Consuelo Porras

La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, presentó este viernes 27 de febrero su expediente para postularse como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la información recabada, la documentación fue entregada por un tercero en la Secretaría de la CSJ alrededor de las 10:30 horas. La persona que realizó el trámite no confirmó públicamente el nombre de la aspirante y evitó brindar declaraciones a la prensa.

La modalidad empleada coincide con la utilizada días atrás, cuando Porras también presentó expediente para optar a su reelección al frente del Ministerio Público. En esa ocasión, la entrega igualmente se efectuó a través de un intermediario.

Este viernes concluye el plazo para la recepción de expedientes en la CSJ, instancia que deberá designar a un magistrado titular y a un suplente para la CC. La elección está prevista para el martes 3 de marzo.

Durante la jornada, periodistas consultaron a personal de la Secretaría sobre el listado completo de aspirantes; sin embargo, no se proporcionó información oficial. Tampoco se contó con apoyo del área de Comunicación Social del Organismo Judicial para facilitar datos del proceso.

Horas después del ingreso del expediente atribuido a la fiscal general, el Ministerio Público remitió un oficio dirigido a la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes. En el documento se solicita información relacionada con magistrados de la Corte de Apelaciones de Mazatenango, Suchitepéquez, correspondiente a un período específico de 2025.

Esa sala forma parte de las 17 creadas recientemente por la CSJ, proceso que generó acciones legales ante la CC por presuntas inconstitucionalidades. Diversos señalamientos apuntan a que la designación de magistrados sería una atribución del Congreso y no del Poder Judicial, lo que motivó la interposición de amparos.