Con Q500 millones aprobados, Defensa ejecutará nueva prisión de alta seguridad en Izabal
El Gobierno formalizó este miércoles un paso clave para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal, tras la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación.
El titular de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó que el acuerdo permite activar la fase administrativa del proyecto y trazar un calendario que apunta a la colocación de la primera piedra el 1 de abril de 2026, acto que —según lo proyectado— estaría encabezado por el presidente Bernardo Arévalo.
La firma se realizó en la sede del Ministerio de Gobernación, donde las autoridades destacaron que el convenio consolida una coordinación estratégica para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad, especialmente en infraestructura penitenciaria de alta complejidad.
El centro carcelario será construido en el departamento de Izabal y contará con una asignación presupuestaria de Q500 millones, recursos aprobados por el Congreso de la República en el marco de la readecuación presupuestaria vinculada a la denominada Ley Antipandillas.
Dichos fondos fueron trasladados al Ministerio de Gobernación, pero la ejecución del proyecto quedará a cargo del Ministerio de la Defensa, a través de sus capacidades técnicas y operativas.
#LaRedInforma | El Gobierno firmó un convenio entre Defensa y Gobernación para iniciar los trámites de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Izabal. El proyecto cuenta con Q500 millones asignados por el Congreso. pic.twitter.com/cEOcZIoI43
— La Red (@Lared1061) February 18, 2026
De acuerdo con la información oficial, el convenio no solo habilita el inicio de los trámites administrativos para la construcción, sino que también contempla intercambio de información, cooperación estratégica en infraestructura crítica y fortalecimiento del equipamiento y la operación mediante posibles acuerdos con otros Estados. Asimismo, incluye acciones de capacitación, entrenamiento, prácticas profesionales y apoyo técnico en seguridad.
Las autoridades estiman que la obra podría completarse en un plazo aproximado de 12 meses. No obstante, reconocieron que el cronograma dependerá de factores como la ejecución oportuna de los recursos, la disponibilidad y entrega de materiales, así como la coordinación entre las instituciones involucradas. El proceso, añadieron, estará sujeto a fiscalización por parte del Legislativo.