Caso Hogar Seguro: Seis exfuncionarios son condenados por muerte de 41 niñas
Este martes 12 de agosto, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, bajo la presidencia de la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, dictó sentencia en el caso del incendio ocurrido en 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, tragedia que causó la muerte de 41 niñas y adolescentes.
Tras un proceso judicial que se extendió por 19 meses y que incluyó 121 audiencias desde su inicio el 10 de enero de 2024, seis exfuncionarios fueron condenados a penas que oscilan entre los 6 y 25 años de prisión por su responsabilidad en los hechos.
Un séptimo implicado, Harold Flores, exprocurador de la Niñez, fue absuelto.
#EnElPaísDCA | Jueza brinda detalles del día de la quema de niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción personas en el público lloran al escuchar los detalles.
Vía: Jesús Alfonso pic.twitter.com/lizKgDERkf
— Diario de Centro América (@DiariodeCA) August 12, 2025
Hechos
El incendio ocurrió el 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, en medio de una protesta de las menores que denunciaban malos tratos y supuesta explotación sexual dentro del refugio estatal.
Según la investigación, las adolescentes incendiaron colchonetas en el salón donde estaban encerradas tras intentar escapar.
El fuego se descontroló y, debido a que las puertas estaban cerradas con llave, no pudieron salir, lo que provocó la tragedia.
Condenados
Entre los condenados se encuentran Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, quienes recibieron las penas más severas: 25 años de prisión cada uno.
Brenda Julissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato, fue sentenciada a 17 años.
Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC, a 15 años; y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a 6 años de prisión.
La agente de la Policía Nacional Civil Lucinda Marroquín también está implicada, aunque su condena no fue detallada.
Los sentenciados permanecen bajo arresto domiciliario mientras se resuelven los próximos pasos legales.
Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo y querellante en el proceso, manifestó su esperanza en que la sentencia represente una condena justa y contribuya a determinar la responsabilidad del Estado en este caso.
Además, destacó la importancia de que se garantice la no repetición de hechos similares y que se otorguen medidas de reparación a las sobrevivientes y familiares de las víctimas.
La Fiscalía había solicitado penas que sumaban hasta 131 años para algunos de los implicados, sin embargo, el tribunal impuso condenas menores a las solicitadas inicialmente.
Una de las sobrevivientes, en sus declaraciones ante el tribunal, cuestionó la actitud de los responsables durante la tragedia: “¿Qué hubo en el corazón de estas personas para no escuchar el grito de ayuda, para no abrir la puerta cuando nosotros les estábamos pidiendo auxilio?”.
El caso ha generado amplio impacto en Guatemala, con activistas y organizaciones que consideran que la sentencia podría sentar un precedente histórico para la justicia en el país.