Carne ilegal de lagarto se resiste a salir de los mercados de Xela
En el colorido mercado del primer viernes de Cuaresma en Quetzaltenango, entre pescado seco y artesanías, persiste una tradición peligrosa: la venta de carne de lagarto y pejelagarto, especies silvestres protegidas por la ley. “Desafortunadamente esa carne pues es ilícita”, advirtió la abogada Mildred Arango, asesora jurídica de la Dirección Regional del Altiplano Central de Conap.
Arango explicó que esta carne no proviene de reproductores legales, sino de especímenes extraídos directamente del medio silvestre, sin ningún tipo de control ni licencia. La feria, descrita como “muy bonita” por su carácter artesanal, es también escenario de un comercio consuetudinario de fauna silvestre que resurge cada año con la llegada de la Cuaresma.
Las autoridades realizan operativos y decomisos para frenar esta práctica, motivadas por la protección de especies amenazadas y la obligación de hacer valer la normativa ambiental vigente. Sin embargo, el problema no se limita a una venta aislada: detrás hay familias que se dedican a la captura, traslado y cocción de la carne, que llega a los puestos ya “chojineada”.
“Logramos encontrarlos ya en la parte última del tráfico, que ya es el comercio”, explicó Arango, al señalar que cada integrante de estas familias tiene un rol en la cadena ilegal. Desde la colecta y caza hasta la venta al consumidor final, la carne recorre un circuito que se repite cada temporada. Esa estructura dificulta erradicar la práctica solo con operativos puntuales en los mercados.
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Este año, las autoridades decomisaron aproximadamente 70 libras de carne de lagarto y pejelagarto en Quetzaltenango, además de realizar jornadas de concientización con vendedores y compradores. “Se hizo la concientización (…) precisamente para que no la comercializaran”, relató Arango sobre los esfuerzos previos al día principal de la fiesta.
Pese a los avisos, el viernes de la festividad volvieron a encontrar “una muy buena cantidad” de carne en los puestos, lo que terminó con la aprehensión de una persona vendedora. Arango confía en que, al verse afectadas la libertad y la economía de los infractores, se entienda que “estas actividades son ilegales y que tienen consecuencias”.