Buses de hasta 60 años: el retroceso que agrava la inseguridad vial en Guatemala
Edgar Guerra cuestionó duramente la vigencia del Acuerdo Gubernativo 140-2025, que permite la circulación de autobuses sin importar el año de su modelo. A su juicio, esta medida representa un grave retroceso en materia de seguridad vial y evidencia decisiones políticas que priorizan evitar conflictos sociales sobre la protección de la vida.
El defensor del usuario del transporte público explicó que, en teoría, las unidades antiguas pueden operar si demuestran ser funcionales. Sin embargo, calificó este requisito como difícil de comprobar y poco realista, especialmente en un contexto donde el Estado carece de mecanismos técnicos suficientes para verificar el estado mecánico real de los autobuses.
Guerra señaló que el Ministerio de Comunicaciones tiene pendiente la elaboración de un reglamento que debería garantizar el mantenimiento adecuado de las unidades. Aunque existe un plazo de seis meses para su finalización, advirtió que incluso con ese instrumento será complejo asegurar que los transportistas cumplan con las obligaciones técnicas necesarias.
Para el entrevistado, permitir la circulación de buses con 40, 50 o hasta 60 años de antigüedad incrementa el riesgo de accidentes. Afirmó que muchos de estos vehículos ya no cuentan con repuestos originales y operan con adaptaciones improvisadas que comprometen su funcionamiento y la seguridad de los pasajeros.
Conductor destruye su vehículo y sobrevive al impacto en ruta a El Salvador
Indicó que incluso hay modelos cuyos fabricantes ya no existen, lo que impide garantizar estándares mínimos de eficiencia. En esos casos, los transportistas recurren a piezas de otros vehículos o de segunda mano, una práctica que, según Guerra, pone en riesgo la vida de quienes utilizan el servicio diariamente.
El defensor recalcó que nunca se exigió que los autobuses fueran nuevos, pero sí que fueran modelos más recientes capaces de brindar un servicio eficiente y seguro. Lamentó que, con esta modificación, el país haya retrocedido entre 20 y 30 años en materia de regulación del transporte colectivo.
Guerra concluyó que estas decisiones reflejan la falta de una política de Estado clara y sostenida. Sin controles técnicos estrictos y sin voluntad para modernizar el parque vehicular, el transporte público seguirá operando en condiciones precarias, con consecuencias directas en la seguridad vial y los derechos humanos.