Bernardo Arévalo enfrenta retiro de antejuicio por fuga en Fraijanes II
El Ministerio Público de Guatemala, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), formalizó este 29 de octubre una solicitud para retirar el derecho de antejuicio al presidente Bernardo Arévalo, en relación con la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.
La medida responde al proceso judicial abierto tras el escape protagonizado mayoritariamente por miembros del Barrio 18 la madrugada del 14 de agosto, hecho que expuso graves debilidades y presunta complicidad en el sistema penitenciario, generando alarma social y presión política sobre el gobierno.
La petición judicial busca que Arévalo pierda su inmunidad constitucional como mandatario para que pueda ser investigado directamente por las autoridades competentes. El caso Fraijanes II se ha convertido en símbolo de la crisis estructural que atraviesan las cárceles del país, evidenciado por corrupción interna, falta de inversión en tecnología y negligencia administrativa.
A partir de la evasión, el Ejecutivo admitió públicamente una pérdida de control penitenciario, lo que derivó en la renuncia del ministro de Gobernación y varios viceministros, además del anuncio de reformas integrales en la gestión de las prisiones.
Antejuicio contra Karin Herrera reaviva debate sobre responsabilidad política en fuga de reos
La solicitud de retiro de antejuicio, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, enlaza al presidente y la vicepresidenta en posible responsabilidad política y administrativa por el colapso del sistema carcelario y la vulnerabilidad ante grupos delictivos.
Mientras la Fiscalía detalla que la denuncia apunta a una presunta omisión en el cumplimiento del deber, el debate público se centra en la urgencia de depurar el personal, modernizar la vigilancia y romper los vínculos con estructuras criminales.
Desde la Casa Presidencial, Arévalo enfatizó que la crisis es resultado del abandono estatal a lo largo de décadas, por lo que propuso ampliar las auditorías internas y endurecer la ley contra quienes faciliten fugas de reos.