Arévalo sanciona la Ley Antipandillas: así se redefine la lucha contra las maras en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas, conocida como Ley Antipandillas, con la que el Estado guatemalteco busca endurecer su respuesta frente a las estructuras delictivas que operan en el país y que han sido catalogadas como una amenaza transnacional.
La norma, contenida en el Decreto 11-2025 del Congreso de la República, fue publicada este 10 de noviembre en el Diario de Centro América y establece que las maras y pandillas, especialmente el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), sean reconocidas oficialmente como organizaciones terroristas. Con ello, se abren las puertas a la aplicación de penas más severas y a la intervención de instancias judiciales especializadas en delitos de alto impacto.
Entre las disposiciones más relevantes, la ley impone penas de 14 a 18 años de prisión y multas de hasta Q300 mil para quienes recluten a menores de edad con fines delictivos, así como sanciones más duras contra las extorsiones, uno de los delitos más recurrentes asociados a estos grupos. Además, ordena crear una base de datos nacional de privados de libertad que incluya información sobre pertenencia o vínculos con maras o clicas.
Más de 3 mil aspirantes de todos los departamentos iniciaron su formación para ser @PNCdeGuatemala. 🚔
Les deseamos éxitos y agradecemos su compromiso para fortalecer la seguridad en sus comunidades y servir a Guatemala. 👮🏽♀️👮🏽♂️ pic.twitter.com/tvKnaE7Kw6
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) November 9, 2025
En el ámbito institucional, la Corte Suprema de Justicia deberá ampliar la competencia de los jueces de mayor riesgopara conocer los casos relacionados con pandillas, mientras que el Ministerio de Gobernación deberá establecer una cárcel de máxima seguridad destinada exclusivamente a miembros de estas estructuras.
La normativa también instruye a las instituciones del Estado a reforzar los programas de prevención del delito, fortalecer la inteligencia policial y criminal, y coordinar esfuerzos con organismos internacionales para contener la expansión de las maras a nivel regional.