Gobierno de España condena insultos racistas contra Vinícius
El Gobierno ha expresado el absoluto rechazo y la condena a los insultos racistas sufridos por el jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Junior en Valencia y ha destacado que en España son comportamientos «que no quedan impunes, se persiguen y castigan».
Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha opinado que frente a esos comportamientos «no cabe ser neutral» y ha insistido en que en España existe «plena seguridad jurídica en las actuaciones policiales y judiciales» para que estos hechos no queden impunes.
«Tenemos los mecanismos para perseguirlos en todos los ámbitos no solo deportivos, hay quienes justifican esos comportamientos, lo hemos visto y no cabe ser neutral, hay que ser tajantes y hay que decir que somos antirracistas porque combatimos estos comportamientos y trabajamos para erradicarlos», ha aseverado Rodríguez.
No solo Vinícius
Para el Gobierno, están funcionado «los órganos internos» como la Comisión Antiviolencia y también las Fuerzas de Seguridad que están identificando a los supuestos autores de los insultos, ha recalcado la portavoz, quien ha explicado que no tiene constancia de que el Gobierno haya hablado con el de Brasil sobre este asunto.
Fuentes del Ejecutivo han querido dejar claro que España y Brasil defienden la lucha contra el racismo y no hay ningún conflicto diplomático, después de que el Gobierno brasileño anunciara que estudia el principio de extraterritorialidad en el caso de los ataques racistas para aplicar la ley brasileña.
«Tolerancia cero en todos los ámbitos, deportivos y de las fuerzas de seguridad para actuar con contundencia a la hora de marcar un discurso de tolerancia cero que nos interpela a todos como sociedad, medios de comunicación o familias; esa es la senda por la que hay que trabajar sabiendo que somos más los que queremos una España en convivencia», ha insistido.
«No caben claro oscuros» en la condena, ha aseverado la ministra, quien ha confirmado que existen mecanismos legales en España para perseguirlos y condenarlos.
