Veto presidencial genera polémica: ¿Qué pasará con los fondos destinados a los Codedes?
El gobierno de Guatemala vetó el Decreto 7-2025, conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), tras señalarse que presenta serias preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos.
El decreto aprobado por el Congreso buscaba permitir que los Codedes utilizaran, durante 2026, los recursos no ejecutados del presupuesto 2025, con el objetivo de evitar que proyectos de desarrollo local se detuvieran por retrasos en la asignación de fondos. Sin embargo, el Ejecutivo advirtió que la normativa carece de controles adecuados de fiscalización, lo que podría abrir la puerta a irregularidades y problemas legales.
El Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, afirmó que la ley contiene “vicios constitucionales” que impiden su plena vigencia y que, de no actuar la Corte de Constitucionalidad con rapidez, el país podría enfrentar un “enorme problema” en la administración de estos recursos.
#LaRedInforma | El Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, advierte que el Decreto 7-2025 contiene “vicios constitucionales” y podría abrir la puerta a la corrupción. El Ejecutivo mantiene su veto mientras espera la resolución de la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/UJFnUDe5U6
— La Red (@Lared1061) October 27, 2025
Menkos señaló que el Ministerio está evaluando alternativas para garantizar una ejecución adecuada y transparente de los fondos, mientras se espera la resolución del máximo tribunal constitucional.
A pesar del veto presidencial, más de 80 diputados han manifestado su intención de activar la ley, generando un ambiente de disputa política y jurídica. La situación ha generado incertidumbre entre los legisladores y la ciudadanía sobre el futuro de la normativa y su impacto en la gestión de recursos públicos.
Con la controversia en desarrollo, la atención se centra en los próximos pasos de la Corte de Constitucionalidad y las medidas que adoptará el Ejecutivo para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos destinados a los Codedes.