Una figura controversial del sistema de justicia: las luces y sombras de Blanca Stalling
Blanca Stalling Dávila fue una abogada y magistrada guatemalteca que alcanzó posiciones clave en la Corte Suprema de Justicia y otros organismos judiciales del país. Nacida en 1956 en Ciudad de Guatemala, su carrera inició rodeada de vínculos con el ámbito militar, gracias a la prominencia de su familia en el ejército y la política local.
En los años 90 se graduó en Derecho y de inmediato mostró ambición por involucrarse en el ámbito público, primero como asesora del Ejecutivo y luego en la esfera judicial, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes y cuestionadas del poder judicial en la era democrática reciente.
Stalling ascendió desde el Instituto de la Defensa Pública Penal, donde desplegó alianzas políticas y gremiales a través de los colegios de abogados y su cercanía con poderosos sectores militares y políticos. Además, fue señalada como una de las treinta figuras más poderosas del país hacia 2015, por su dominio de la Cámara Penal —la más importante de la Corte Suprema— y su rol en decisiones clave relacionadas con casos de alto impacto.
Su brillo institucional se vio empañado por escándalos que la colocaron en el centro de la polémica y detonaron un proceso de cuestionamientos sin precedentes. El momento más crítico ocurrió en 2017, cuando fue denunciada por el juez Carlos Ruano, quien aportó una grabación en la que Stalling intentaba influir en una resolución relacionada con su hijo Otto Fernando Molina Stalling, acusado en el sonado caso de corrupción IGSS-Pisa.
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La denuncia desencadenó la pérdida de su inmunidad, su captura y posterior prisión preventiva bajo cargos de tráfico de influencias. Durante su detención, fue reconocida intentando disfrazarse con peluca y gafas oscuras para evadir a las autoridades, lo que incrementó el escrutinio público en su contra y alimentó la narrativa de un sistema judicial permeado por intereses personales.
El caso contra Stalling pasó por varios sobresaltos judiciales. A pesar de los indicios iniciales y la repercusión mediática de sus acciones, en 2022 el proceso penal fue cerrado por falta de pruebas concluyentes, según dictaminó el juez Víctor Cruz, permitiéndole incluso retomar su cargo como magistrada tras la inacción de la fiscalía para apelar la decisión. Este desenlace avivó el debate sobre la fortaleza y las fracturas del sistema judicial guatemalteco, así como el peso de las conexiones políticas y gremiales en decisiones de alto nivel.
La trayectoria de Blanca Stalling revela el complejo entramado de poder, lealtades y acusaciones que han marcado al Poder Judicial en Guatemala. Sus logros académicos y ascenso institucional contrastaron drásticamente con la serie de polémicas gestadas alrededor de actos de tráfico de influencias y conflictos de interés, especialmente en temas que involucraban a su círculo familiar.