Un TSE bajo la lupa: Por qué la nueva magistratura definirá el rumbo democrático de Guatemala
La próxima integración del Tribunal Supremo Electoral se perfila como uno de los puntos de inflexión más importantes para la democracia guatemalteca en la última década. Durante el primer semestre de 2026 el Congreso deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes que serán la máxima autoridad en materia electoral y tendrán bajo su responsabilidad al menos las próximas dos elecciones generales, lo que convierte esta decisión en un termómetro del compromiso real del sistema político con la independencia institucional y la integridad del voto.
El proceso ya está en marcha con la juramentación e instalación de la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de veinte candidatos entre los cuales el Congreso escogerá a los nuevos magistrados. Esta instancia está integrada por el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, el representante de los rectores de universidades privadas, Mynor Augusto Herrera, el representante del Colegio de Abogados, Gregorio Saavedra, y los decanos de Derecho de la Usac y de la Universidad de Occidente, Henry Arriaga y Donald González, quienes deberán evaluar expedientes, definir perfiles idóneos y enviar su propuesta al Legislativo en un plazo de treinta días.
La composición de la comisión y el tiempo limitado para revisar postulaciones han encendido alertas sobre la posibilidad de que los equilibrios internos y las presiones externas terminen pesando más que los méritos profesionales y la independencia de criterio. Organizaciones especializadas en justicia y observación ciudadana han advertido que los procesos de elección anteriores estuvieron marcados por opacidad, cooptación de las comisiones de postulación y tráfico de influencias, lo que derivó en magistraturas percibidas como cercanas a intereses políticos y económicos antes que al mandato constitucional de proteger la voluntad popular.
Informes sobre el diseño institucional del TSE y los mecanismos de elección de sus autoridades señalan una serie de deficiencias, desde la limitada participación ciudadana hasta la incidencia de redes político judiciales en la definición de listas, factores que han debilitado la independencia del tribunal y han erosionado la confianza en el sistema electoral.
Ese historial alimenta el temor de que la elección de 2026 repita patrones de captura institucional si no existe un escrutinio público fuerte y sostenido sobre cada fase del procedimiento. El impacto de la nueva magistratura se sentirá en múltiples niveles. En el plano inmediato, los próximos magistrados tendrán a su cargo la organización, dirección y fiscalización de los procesos electorales, incluyendo la inscripción de partidos y candidaturas, el control del financiamiento político, la supervisión de campañas y la oficialización de resultados, funciones que la Constitución reconoce como propias de un órgano autónomo y con jurisdicción político electoral exclusiva.
En un contexto marcado por la judicialización de la política y la utilización de demandas y procesos penales para disputar espacios de poder, el TSE será el árbitro clave para evitar que la exclusión de candidatos o la cancelación de organizaciones se utilicen como herramientas para distorsionar la competencia democrática. La forma en que la magistratura responda a impugnaciones, presiones partidarias y conflictos postelectorales determinará si el tribunal se consolida como un referente de estabilidad o si se convierte en un actor más en la pugna entre bloques de poder.
La dimensión estructural del impacto tiene que ver con las reformas pendientes al sistema electoral y de partidos. En los últimos años el TSE, a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, ha impulsado procesos amplios de discusión que reunieron a academia, organizaciones sociales, partidos y ciudadanía para revisar el funcionamiento de las reglas electorales y proponer cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, acumulando más de mil propuestas en la ronda de debates concluida en 2024.
Edgar Ortiz propone evaluar compromiso democrático de aspirantes al TSE
Esos insumos apuntan a cuatro grandes objetivos: mejorar el desempeño de las organizaciones políticas, fortalecer la función de participación del sistema electoral, robustecer al propio TSE y elevar la legitimidad de las elecciones, lo que incluye revisar el sistema de votación, los mecanismos de fiscalización de campañas y la representación de minorías políticas.
El contexto social añade un componente adicional de riesgo. Estudios recientes sobre opinión pública muestran que una parte significativa de la población se siente distante del sistema político y ve con indiferencia, e incluso con cierta tolerancia, la posibilidad de alternativas autoritarias frente a la democracia, un síntoma claro del desgaste institucional acumulado y del desencanto con la representación partidaria.
En ese escenario, cada error del TSE, cada decisión percibida como parcial y cada elección empañada por dudas de transparencia pueden alimentar la narrativa de que las urnas no resuelven los problemas del país, abriendo espacio para salidas de fuerza o para el avance de liderazgos antisistema que se nutren de la desconfianza. A la inversa, un tribunal que comunique con claridad, actúe con reglas previsibles y garantice procesos limpios puede contribuir a reconstruir la legitimidad del voto como mecanismo básico de resolución pacífica de conflictos.
El Congreso será el último eslabón de una cadena que pondrá a prueba la fortaleza del Estado de derecho. La ley obliga al Legislativo a elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con el voto favorable de dos terceras partes, a partir de la nómina de veinte aspirantes que reciba de la postuladora, lo que requiere acuerdos amplios entre bancadas y abre espacios tanto para negociaciones legítimas como para intercambios de favores alejados del interés público.
En este escenario, el impacto futuro de los nuevos magistrados del TSE sobre la democracia guatemalteca dependerá de tres factores decisivos: la capacidad de la Comisión de Postulación para evaluar con rigor y transparencia, la disposición del Congreso a priorizar perfiles independientes sobre cuotas de poder y la intensidad del escrutinio ciudadano durante todo el proceso.
Si estos elementos se alinean, el país podría contar con un tribunal fortalecido, capaz de conducir procesos electorales creíbles, de impulsar reformas profundas y de resistir presiones autoritarias; si no, Guatemala se arriesga a consolidar un modelo de “democracia administrada” donde las formas electorales se mantienen, pero las decisiones clave se toman cada vez más lejos de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.