Traslados polémicos en el sistema penitenciario generan tensión entre Gobierno y Poder Judicial
Un conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha desatado en Guatemala tras la orden de una jueza de regresar a un líder de la Mara Salvatrucha a una cárcel de menor seguridad, luego de que el Ministerio de Gobernación lo trasladara previamente a Renovación 1, un centro de máxima seguridad.
En entrevista durante la primera emisión de La Red 106.1, el director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, defendió la legalidad del operativo y destacó la necesidad de mantener a líderes pandilleros en centros de alta seguridad.
“Renovación 1 reúne todas las características necesarias para garantizar que el privado de libertad cumpla su condena de manera segura. Está vigilado y controlado las 24 horas, y monitorea cada actividad para prevenir hechos ilícitos”, afirmó Godínez.
El funcionario detalló que, a diferencia de otras cárceles, en Renovación 1 se aplican estrictos controles, como la prohibición de ingreso de alimentos y electrodomésticos, y la asignación de guardias especializados a cada sector. También destacó el centro de monitoreo con cámaras y un equipo de élite para la seguridad de los internos.
En contraste, la abogada defensora de los líderes pandilleros acusó a Godínez de permitir que integrantes de bandas rivales estuvieran fuera de sus celdas sin vigilancia, señalamiento que el director calificó como “totalmente imposible” y negó enfáticamente.
Godínez explicó que los traslados se amparan en la Ley del Régimen Penitenciario, que le otorga la facultad de realizar movimientos de internos para mantener el orden y la seguridad en los centros carcelarios. “Si las autoridades de investigación o el Ministerio Público determinan que privados de libertad coordinan acciones ilícitas desde las cárceles, debemos tomar medidas”, subrayó.
Este episodio ha generado un debate sobre los límites de las facultades del Ejecutivo y del Poder Judicial en la gestión del sistema penitenciario y la seguridad de los reclusos.