Tras polémica pública, Directorio deja sin efecto remuneración millonaria para titulares de la Superintendencia

El Directorio de la Superintendencia de Competencia dejó sin efecto la resolución mediante la cual se había aprobado una remuneración mensual de Q75 mil para sus integrantes y para el titular de la entidad.

La decisión fue adoptada de forma unánime, en medio de una fuerte polémica pública y cuestionamientos sobre el uso de fondos en una institución que se encuentra en etapa inicial de funcionamiento.

La medida revoca la Resolución 3-2026, que había establecido el salario para los directores titulares, suplentes y el superintendente, y se produce luego de una semana marcada por críticas ciudadanas, señalamientos políticos y un intenso escrutinio mediático. Diversos sectores calificaron el monto como excesivo, tomando en cuenta el contexto económico del país y el hecho de que la Superintendencia aún no ha generado resultados operativos tangibles.

Durante una citación con diputados de la bancada VOS, el director titular Javier Bauer explicó los alcances de la revocatoria y reconoció que la resolución generó un rechazo generalizado.

Diputado Álvarez critica sueldos de Q75 mil en entidad recién creada

El funcionario señaló que el Directorio optó por reconsiderar la decisión ante la reacción social y la necesidad de actuar con mayor prudencia en el manejo de los recursos públicos.

El salario aprobado inicialmente representaba un ingreso equivalente a varias veces el salario mínimo vigente, lo que avivó el debate sobre la proporcionalidad de las remuneraciones en entidades recién creadas y su impacto en el presupuesto institucional.

Tras dejar sin vigencia la escala salarial, el Directorio instruyó al superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, a presentar una nueva propuesta de remuneraciones. Esta deberá ser conocida y analizada por el órgano colegiado en su próxima sesión, programada para el 27 de enero.

Según lo indicado por las autoridades, la intención es replantear el esquema salarial bajo criterios más acordes con la realidad económica del país, la naturaleza de la institución y sus posibilidades presupuestarias, en un intento por recuperar la confianza pública y encauzar el funcionamiento de la Superintendencia de Competencia.