Tras años de espera, ¿qué significa la nueva política 2025-2035 para quienes defienden derechos?

El Gobierno presentó oficialmente la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, un instrumento que busca establecer mecanismos estatales para resguardar la labor de quienes promueven y defienden garantías fundamentales en el país.

La iniciativa fue detallada este viernes por el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Elvin Díaz, durante el programa La Ronda.

De acuerdo con Díaz, la aprobación de esta política responde a una deuda histórica del Estado y a compromisos internacionales que Guatemala mantenía desde hace más de una década.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Florentín Gudiel vs. Guatemala, ordenó al país diseñar e implementar una política integral como medida de no repetición ante agresiones contra personas defensoras.

Aunque el proceso técnico comenzó años atrás, quedó detenido en 2018 y fue retomado hasta febrero de 2024.

Según Copadeh, la reactivación incluyó la actualización de un borrador previo y su revisión en conjunto con organizaciones de derechos humanos, la familia Gudiel, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

#LaRedInforma | Guatemala oficializa la nueva Política de Protección a Personas Defensoras de DD. HH. 2025-2035. Un instrumento esperado desde 2014 y que ahora entra en fase de implementación. pic.twitter.com/zbI88BDeGB

— La Red (@Lared1061) November 14, 2025

Díaz explicó que durante este año se realizaron encuentros, talleres regionales y espacios de consulta que permitieron integrar aportes de activistas y representantes comunitarios.

Además, el proceso contó con asistencia técnica de Segeplan, organizaciones internacionales y especialistas en la materia.

Ejes principales y mecanismos

El documento establece un objetivo general: garantizar la protección de los derechos de las personas defensoras. Para ello plantea tres ejes estratégicos:

1. Prevención y análisis de riesgo, orientado a identificar situaciones de vulnerabilidad antes de que ocurran agresiones.

2. Protección y atención, que incluye medidas de acompañamiento estatal cuando el sistema preventivo no sea suficiente.

3. Acceso a la justicia y reparación, para facilitar investigaciones y procesos en casos de ataques relacionados con la labor de defensa de derechos humanos.

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El Ministerio de Gobernación será la entidad responsable de dirigir la implementación de la política, mientras que Copadeh actuará como órgano técnico asesor y Secretaría del Consejo Coordinador que dará seguimiento a su ejecución.

El Acuerdo Gubernativo 198-2025, que oficializa el instrumento, fue publicado hoy en el Diario de Centro América.

Con ello se inicia la fase operativa, considerada por Copadeh como el mayor desafío, debido a la necesidad de articular instituciones, garantizar recursos y asegurar que las medidas lleguen a los territorios donde la labor de defensa enfrenta mayores riesgos.

Según informó Díaz, la versión completa de la política ya está disponible en los portales de Copadeh y del Ministerio de Gobernación.