Transportes revela el alto costo en vidas por falta de controles de velocidad
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, presentó un panorama alarmante sobre la seguridad vial en Guatemala. Según datos oficiales, entre 2017 y 2025 se han registrado 3,917 accidentes en el transporte extraurbano, dejando un saldo de 684 fallecidos y 5,971 lesionados. Estas cifras subrayan la urgencia de implementar mecanismos de control que detengan la sangría constante en las carreteras del país.
En cuanto al transporte pesado, las estadísticas son aún más severas. El funcionario detalló que se contabilizan 8,709 accidentes en este sector, con 1,204 víctimas mortales y 2,723 personas lesionadas. Suriano enfatizó que este contexto general es el que motiva la rigurosidad en la aplicación de la ley. «Recordemos que la ley del sistema limitador de velocidad fue propuesta en un contexto de accidentes», afirmó.
La autoridad identificó tres factores críticos que inciden en la alta siniestralidad: el exceso de velocidad, las distracciones (como el uso de celulares) y el consumo de estupefacientes o alcohol. De estos, la velocidad es el más manejable mediante tecnología. «A baja velocidad, definitivamente, es mucho más fácil maniobrar un equipo o un transporte para evitar cualquier accidente», explicó el funcionario ministerial.
Suriano recordó que, aunque existen voces que cuestionan la efectividad de los limitadores, la evidencia internacional respalda su uso. La normativa busca proteger el derecho a la vida de los usuarios que pagan por un servicio de transporte. El viceministro fue enfático al señalar que no se puede ignorar el impacto social de tragedias como la de Alaska o la Calzada de La Paz, que marcan a decenas de familias.
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Sobre el registro de víctimas, admitió que podría existir un subregistro, ya que instituciones como el INACIF reportan fallecimientos que ocurren días después del percance debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, los datos actuales son suficientes para justificar la intervención estatal. El objetivo primordial es reducir la letalidad en los incidentes viales mediante la regulación técnica del parque vehicular.
El funcionario señaló que la resistencia de algunos sectores no debe prevalecer sobre el bienestar común. «La ley obliga al sector privado a que tomen acciones para prevenir y proteger la vida, que es lo más importante», sentenció Suriano. Con ello, reafirmó que el cumplimiento de las normas de seguridad no es opcional, sino un requisito ético y legal para cualquier prestador de servicios de transporte público.
Finalmente, se destacó que la seguridad vial requiere una corresponsabilidad entre el Estado y los propietarios de las unidades. Mientras el Gobierno se encarga de la fiscalización, los empresarios deben asegurar que sus vehículos sean operables y seguros. La implementación de los dispositivos limitadores de velocidad se presenta como la medida más inmediata para intentar frenar la estadística de fallecidos en las rutas.