Toneladas de alimentos están a punto de vencerse en bodegas estatales, denuncia diputado

En una entrevista concedida a La Red Noticias 106.1, el diputado José Chic, integrante del bloque VOS, denunció que cientos de toneladas de alimentos destinados a programas de asistencia social permanecen almacenados en bodegas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el riesgo inminente de que una parte significativa de estos suministros caduque en las próximas semanas.
«Hay cientos de toneladas de alimentos en todas las bodegas, algunas compradas con recursos del Estado y otras que fueron donadas por parte de Taiwán y que hasta el día de hoy siguen estando ahí», afirmó el legislador, quien ha participado en recientes visitas de fiscalización a estos almacenes.
Según Chic, la situación es particularmente preocupante porque algunos de estos alimentos están próximos a alcanzar su fecha de vencimiento. «Ya hay alimento que está por vencerse, el Ministerio de Agricultura no quiere reconocerlo, pero en las visitas en campo se han encontrado ya las tarjetas que están para el control de los alimentos y hay alimentos que están por vencerse, unos en septiembre y otros en noviembre de este año», detalló.
El parlamentario expresó su inquietud ante la falta de un plan concreto para la distribución de estos suministros, señalando que algunos de los productos almacenados ingresaron a las bodegas desde 2023. «Estamos a menos de un mes de que se pueda llegar a vencer varias toneladas de alimento y eso pues sería un tema bastante lamentable, sobre todo cuando tenemos más de cuatro millones de guatemaltecos y guatemaltecas sufriendo inseguridad alimentaria y nutricional en el país», subrayó.
Durante la entrevista, Chic cuantificó el volumen de alimentos en riesgo, mencionando que se trata de aproximadamente 137,000 quintales almacenados en diversas bodegas. En términos monetarios, el legislador estimó que los alimentos adquiridos por el Estado que podrían perderse representan una inversión cercana a los 135 millones de quetzales, sin contar el valor de las donaciones de arroz procedentes de Taiwán.
El funcionario criticó la gestión de las autoridades responsables, señalando que en una reciente citación, el viceministro de Agricultura manifestó que «todavía está resolviendo casos de emergencias desde el 2024», lo que a su juicio evidencia una grave falta de operatividad. «Imagínense, que eran emergencias», comentó con ironía, cuestionando la demora en la atención de situaciones que por definición requieren respuestas inmediatas.
Chic también cuestionó la aparente descoordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad alimentaria en el país. «El CONASAN (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) se reúne casi que todos los meses y creo que se reúnen hasta dos, tres veces por mes. Desde ahí debería haber salido ya la direccionalidad», señaló, añadiendo que en estas reuniones participan representantes de diversas instituciones, incluyendo la vicepresidenta, ministros, autoridades municipales y gobernaciones departamentales.
«Todo el andamiaje institucional para poder enfrentar la crisis alimentaria la tienen, lo que hace falta es que realmente entren a operar», enfatizó el legislador, calificando como «desastroso» que se pierdan alimentos en bodegas «por incapacidad de los ministerios de poder entregarlos a la población guatemalteca».
Ante la pregunta sobre las causas de esta situación, Chic señaló que se trata de «un tema de falta de direccionalidad realmente del Ministerio de Agricultura y es un tema de ineficiencia también, no hay un tema de coordinación».
Lea también: Hasta Q500 mil: Municipalidad multa a camiones que generaron caos vial
El diputado explicó que las autoridades ministeriales justifican la no distribución de los alimentos, especialmente los provenientes de donaciones, aduciendo «trámites administrativos» pendientes. Sin embargo, cuestionó esta explicación: «Si hay donaciones del 2023, no creo que en 18 meses no hayan podido regularizar un trámite administrativo, que además depende de estos mismos ministerios».
Según detalló, muchos de estos trámites consisten simplemente en intercambios de correspondencia entre el MIDES y el MAGA. «Todo depende de ellos mismos, no sé si es ineficacia, incapacidad o falta de coordinación, pero mucho de los trámites administrativos dependen de las mismas instituciones del Ejecutivo», subrayó.
Chic mencionó que las regiones más afectadas por esta situación incluyen las comunidades ubicadas en el corredor seco y en el norte del país, específicamente en departamentos como Alta Verapaz, Chimaltenango, Quiché, y partes de Baja Verapaz y Huehuetenango, donde la inseguridad alimentaria y nutricional es particularmente severa.
También hizo referencia a las consecuencias humanas de esta crisis, señalando que «ya llevamos 19 niños muertos por la causa de la desnutrición», lo que a su juicio hace «incongruente muchas de las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el MIDES».
En respuesta a esta situación, Chic informó que ya se han presentado acciones legales, incluyendo recursos de amparo y solicitudes para declarar a los ministros como «violadores de derechos humanos». Adicionalmente, mencionó haber enviado una carta formal a la vicepresidenta, en su calidad de presidenta del CONASAN, «para que finalmente la entrega de alimentos sea ágil y que no se pierdan alimentos por incapacidad de los ministerios».
El diputado también confirmó que se ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas la realización de una auditoría especial sobre este caso, calificando como «incomprensible» e «inhumano» que se mantengan alimentos almacenados «cuando hay una necesidad latente de la población guatemalteca».
Durante la entrevista, Chic también abordó otros temas de fiscalización, incluyendo tensiones con funcionarios del Fondo de Desarrollo Social (FODES) respecto a la ejecución presupuestaria y denuncias sobre la politización en la entrega de programas sociales, así como desencuentros con autoridades del Ministerio de Comunicaciones relacionados con la implementación de planes de infraestructura vial.