Supremo de EE.UU. declara ilegales los aranceles impuestos por Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un duro revés a la política comercial del presidente Donald Trump al declarar inconstitucional el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles amplios a socios comerciales.
En una decisión dividida 6-3, la mayoría del tribunal —con opinión redactada por el presidente de la Corte, John Roberts— concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1977, no otorga al mandatario facultades para establecer aranceles generalizados. Según el fallo, la Constitución reserva al Congreso la potestad de regular el comercio exterior y fijar impuestos.
La resolución invalida aranceles del 10% o más impuestos desde abril de 2025 a la mayoría de socios comerciales, medidas que la administración justificó por desequilibrios en la balanza comercial y por el tráfico de fentanilo desde México, Canadá y China. Sin embargo, no afecta gravámenes aplicados al acero, aluminio y automóviles bajo otras disposiciones legales.
🔴 El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decidido tumbar los aranceles llamados “recíprocos” que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países
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El caso llegó al máximo tribunal tras fallos adversos en instancias inferiores, donde jueces ya habían determinado que la IEEPA no podía utilizarse para establecer tarifas globales o “recíprocas” sin autorización legislativa. Empresas y varios estados demandaron al Gobierno al considerar que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones, pese a que la política arancelaria generó ingresos aduaneros estimados en 284 mil millones de dólares durante el segundo mandato de Trump.
Tras el fallo, la administración anticipó que evaluará mecanismos alternativos, como la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales de hasta 15% por un periodo limitado, sujeto a revisión del Congreso.
La decisión representa el golpe judicial más significativo a la agenda económica de Trump en su segundo periodo y abre la puerta a litigios para reclamar reembolsos por los aranceles ya cobrados, en un contexto donde analistas estiman que la mayor parte del costo recayó en empresas y consumidores estadounidenses.