¿Sin prórroga y con sanciones? MARN advierte que la clasificación de basura inicia en febrero
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha reiterado que a partir del 11 de febrero de 2025 será obligatoria la clasificación de desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables en toda Guatemala, según lo establece el Acuerdo Gubernativo 164-2021.
La medida, que tiene como objetivo mitigar la creciente crisis ambiental que enfrenta el país, será estrictamente regulada y su incumplimiento podría acarrear multas de hasta 40 salarios mínimos.
Las municipalidades y los ciudadanos tendrán la obligación de separar sus desechos en tres categorías: orgánicos (restos de alimentos, cáscaras de frutas, etc.), reciclables (plásticos, metales, vidrio, papel y cartón) y no reciclables (pañales desechables, papel sanitario, entre otros).
El reglamento también obliga a los camiones recolectores a transportar los desechos de forma separada para evitar que los materiales reciclables se mezclen y pierdan su valor.
Multas y sanciones
El incumplimiento de estas disposiciones será castigado con multas que oscilan entre uno y 40 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.
Además, el MARN ha advertido que las sanciones no solo aplicarán a los ciudadanos, sino también a las municipalidades y empresas que no cumplan con las normativas establecidas.
Para garantizar la efectividad de la medida, se realizarán inspecciones periódicas en las plantas de tratamiento de desechos y en los vertederos municipales.
Las autoridades han señalado que los ingresos generados por las multas serán destinados a proyectos de educación ambiental y mejora de infraestructura para la gestión de residuos.
Obstáculos y esfuerzos por revertir la medida
A pesar de los esfuerzos del MARN para garantizar la implementación de la normativa, no han faltado intentos por detenerla.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) presentó varios recursos legales para retrasar la entrada en vigor del acuerdo, alegando que muchas municipalidades no cuentan con la infraestructura adecuada para cumplir con los nuevos lineamientos.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad rechazó en julio de 2024 una acción legal interpuesta por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, reafirmando la obligatoriedad del reglamento.