¿Sin presupuesto nuevo? Minfin detalla el escenario con el fallo de la CC
La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026 quedó en suspenso luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera frenar de manera temporal el decreto aprobado por el Congreso de la República.
La decisión, adoptada el 30 de diciembre, responde a señalamientos sobre posibles vicios en el procedimiento legislativo durante su discusión y aval en el pleno.
Ante este escenario, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que a partir del 1 de enero de 2026 entrará nuevamente en vigencia el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025, tal como lo establece la Constitución.
Esto significa que el Estado operará con un marco presupuestario anterior, mientras se define el futuro del presupuesto proyectado para el próximo año, cuyo monto superaba los Q163 mil millones e incluía nuevas inversiones y programas.
El Minfin aseguró que, pese a la suspensión, la gestión gubernamental no se detendrá.
Las autoridades financieras priorizarán el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, como el pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, así como la atención en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y el servicio de la deuda pública. Sin embargo, reconocen que trabajar con un presupuesto no actualizado limita la ejecución de ciertos proyectos y genera restricciones operativas.
Como respuesta a este impasse, el Gobierno anunció que en las primeras semanas de 2026 presentará una iniciativa de ley para solicitar una ampliación presupuestaria.
El objetivo será actualizar las normas fiscales y contar con recursos que permitan impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento institucional, considerados clave para el crecimiento económico y la generación de empleo.
No es la primera vez que una situación similar ocurre. En el ejercicio fiscal 2024, la CC también suspendió de forma provisional el presupuesto aprobado, lo que obligó al Ejecutivo a gestionar posteriormente una ampliación presupuestaria avalada por el Congreso.
Ese antecedente marca la ruta que ahora podría repetirse, en medio de un debate que vuelve a poner el foco en la forma en que se discuten y aprueban las finanzas públicas del país.
