Semana decisiva: Arévalo enfrentará el dilema sobre la Ley de Gastos Exprés
La semana que comienza este lunes se perfila como un punto de inflexión para el futuro político y financiero de Guatemala, debido a la inminente decisión que deberá tomar el presidente Bernardo Arévalo respecto al controvertido Decreto 7-2025, denominado Ley de Gastos Exprés.
El plazo constitucional para sancionar o vetar la normativa vence el próximo 6 de octubre, por lo que los próximos días serán fundamentales para definir el rumbo que seguirá la administración en materia de transparencia y control de fondos públicos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
El decreto, aprobado en el Congreso bajo el procedimiento de urgencia nacional, autoriza a los Codedes a retener y utilizar recursos no ejecutados de años previos, evitando nuevos trámites presupuestarios.
Aunque cuenta con el respaldo de la mayoría de alcaldes y varios sectores políticos que ven en la iniciativa una herramienta para agilizar obras y proyectos locales, persisten profundas dudas sobre los riesgos de debilitamiento institucional y posibles escenarios de corrupción.
El Ejecutivo mantiene abierto el análisis y pone especial énfasis en la posible inconstitucionalidad de la ley, por la disminución de controles y la entrega acelerada de fondos a través de procedimientos abreviados.
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La presión sobre el presidente aumenta cuando organizaciones empresariales, académicas y sociales recomiendan vetar la norma, argumentando que abriría la puerta a la opacidad y uso discrecional de los fondos públicos.
A su vez, el Ministerio de Finanzas ha aconsejado el veto en busca de preservar mecanismos más efectivos de supervisión y fiscalización. Sin embargo, líderes municipales insisten en que la ley permitiría resolver la parálisis de proyectos en las comunidades, planteando un dilema entre eficiencia y control institucional que podría generar un desgaste político para el Ejecutivo, dependiendo de la decisión que se tome en los días venideros.
Los acontecimientos de esta semana definirán no solo la vigencia de la Ley de Gastos Exprés, sino también el tono de la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso.
De persistir el impase, el escenario político nacional podría agudizarse, reflejando las tensiones y expectativas de los distintos sectores que luchan por incidir en la gestión del desarrollo y el manejo transparente de los recursos públicos