Segeplan: «el derecho a la educación no riñe con la afiliación política»

«El derecho a la afiliación política, a la participación política, no riñe ni se contrapone con el derecho a la educación». Con esta contundente afirmación, la subsecretaria de Planificación de SEGEPLAN, Ileana Peña, estableció una postura clara sobre la inclusión y la no discriminación en los programas de becas gubernamentales durante su participación en La Ronda de este lunes 4 de agosto.

En un contexto donde los programas sociales frecuentemente se ven envueltos en controversias sobre posibles sesgos políticos, las declaraciones de Peña abordan directamente uno de los debates más sensibles en la administración pública: la relación entre derechos políticos y acceso a beneficios estatales. La funcionaria fue enfática en señalar que estos derechos no son mutuamente excluyentes, sino que coexisten como parte integral de una sociedad democrática.

La intervención de la subsecretaria surgió en respuesta a cuestionamientos sobre un caso específico de adjudicación de beca que aparentemente había generado controversia. Aunque Peña no proporcionó detalles sobre este caso particular, aprovechó la oportunidad para defender tanto la integridad del programa como el derecho de todos los ciudadanos a participar en igualdad de condiciones, independientemente de su afiliación política.

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«Gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de aclarar. No hay daño, no hay daño al programa», comenzó Peña, estableciendo de inmediato que, desde su perspectiva, el caso mencionado no compromete la integridad del programa en su conjunto. «Me parece, no debe preocupar que por el caso de una persona que legítimamente participó en el proceso de postulación y fue seleccionada con base a criterios ampliamente publicados y difundidos y de conocimiento de toda la población, se hizo adjudicataria de la beca», explicó.

La subsecretaria fue enfática en señalar que excluir a alguien del programa por razones ajenas a los criterios establecidos constituiría una forma de discriminación. «En ese sentido no puede haber consecuencias. Eso sería discriminatorio», afirmó, vinculando esta postura con el principio más amplio de que la afiliación política no debe ser un factor que limite el acceso a oportunidades educativas.

Esta defensa de la no discriminación por motivos políticos refleja un compromiso con principios democráticos fundamentales, pero también sugiere que el cuestionamiento al que respondía podría estar relacionado con la percepción de que factores políticos podrían haber influido en la adjudicación de alguna beca. La respuesta de Peña busca invertir este argumento, sugiriendo que sería precisamente discriminatorio excluir a alguien del programa debido a su afiliación política.

Para reforzar la objetividad del proceso de selección, Peña destacó que SEGEPLAN ha implementado un sistema altamente tecnificado que elimina la intervención humana directa en el proceso de preselección. «El proceso de preselección es un proceso absolutamente automatizado que aprovecha la tecnología para entregar en tiempos cortos», explicó. Este sistema, desarrollado por el Centro de Gestión de Planificación (SEGEPLAN), tiene una capacidad impresionante: «Imagínense que la plataforma elaborada, diseñada con rigor técnico por la SEGEPLAN, evalúa 500 postulaciones por minuto y nos permite entonces entregar rápidamente resultados a la población».

La subsecretaria enfatizó que este proceso automatizado garantiza la objetividad en la selección: «En este proceso no hay intervención humana. Lo que verificamos es que los criterios se cumplan». Esta afirmación busca disipar cualquier duda sobre posibles manipulaciones o favoritismos en la adjudicación de becas, subrayando que el sistema opera con base en criterios previamente establecidos y públicamente conocidos.

La implementación de este sistema automatizado representa un esfuerzo por fortalecer la confianza pública en los programas gubernamentales de becas, garantizando que estos operen con base en criterios objetivos y verificables, lejos de influencias políticas o personales que pudieran comprometer su legitimidad y efectividad como herramientas para el desarrollo educativo del país.

El mensaje central de la intervención de Peña fue una llamada a no deslegitimar un programa que, según su perspectiva, opera con transparencia y objetividad. «Así que el mensaje importante es que no debemos deslegitimar el programa, por este caso, por una persona que ha cumplido, que cumplió los requerimientos y los criterios que han sido publicados», concluyó.

Esta defensa de la integridad del programa se produce en un contexto donde los programas gubernamentales de becas suelen estar bajo escrutinio público, tanto por su impacto en el desarrollo educativo del país como por la transparencia en la asignación de recursos. La subsecretaria parece reconocer la importancia de mantener la confianza pública en estos programas, razón por la cual agradeció la oportunidad de aclarar la situación.

La postura de Peña sobre la no discriminación por afiliación política en programas educativos refleja un principio fundamental en sociedades democráticas: que el acceso a derechos básicos como la educación no debe estar condicionado por las preferencias políticas de los ciudadanos. Este principio adquiere particular relevancia en contextos donde la polarización política puede generar tensiones en torno a la distribución de recursos y oportunidades.

Al enfatizar que «el derecho a la afiliación política, a la participación política, no riñe ni se contrapone con el derecho a la educación», Peña establece una posición que trasciende el caso específico que motivó su respuesta, abordando un principio más amplio de equidad y no discriminación en la administración pública.

La implementación de sistemas automatizados como el descrito por la subsecretaria puede verse como una herramienta para operacionalizar este principio, al reducir la posibilidad de que sesgos personales o políticos influyan en decisiones administrativas que afectan el acceso a oportunidades educativas. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas depende no solo de su diseño técnico, sino también de la transparencia con la que se establecen y aplican los criterios que los rigen.

En este sentido, la afirmación de Peña de que los criterios utilizados son «ampliamente publicados y difundidos y de conocimiento de toda la población» resulta fundamental para la legitimidad del programa. Esta transparencia en los requisitos, combinada con un proceso automatizado de selección, constituye, según la subsecretaria, la base para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política, tengan igual oportunidad de acceder a los beneficios educativos que ofrece el Estado.

La defensa de Peña se centró así en tres pilares fundamentales: el cumplimiento de criterios objetivos por parte de los beneficiarios, la no discriminación por afiliación política y la implementación de procesos automatizados que reducen la posibilidad de sesgos humanos. Estos tres elementos, según la perspectiva presentada por la subsecretaria, garantizan que el programa de becas de SEGEPLAN opere con integridad y equidad, más allá de controversias puntuales que puedan surgir en torno a casos específicos.