¿Se aprobó demasiado rápido? Diputados alertan sobre inconsistencias en el Decreto 7-2025
El Congreso de la República se prepara para un debate intenso en torno al Decreto 7-2025, luego de que la diputada oficialista Victoria Palala expusiera una serie de objeciones a la norma.
Según la legisladora, el decreto presenta inconsistencias técnicas y de forma que podrían comprometer la adecuada gestión de recursos públicos y la ejecución de obras.
Palala advirtió que uno de los principales problemas radica en el traslado de fondos sin contar con convenios formales, lo que, a su criterio, abre la puerta a proyectos sin sustento técnico ni garantía de transparencia.
También señaló que el texto legal genera contradicciones al asignar a las municipalidades la responsabilidad de ejecutar obras, mientras se limita el papel de los consejos de desarrollo. “La medida es inviable y podría provocar serias complicaciones en la administración de los recursos”, expresó.
Otro punto de crítica es la forma en que el decreto fue aprobado, bajo la figura de urgencia nacional. La diputada sostuvo que el trámite se realizó de manera apresurada y sin un debate suficiente, lo que genera dudas sobre la validez del procedimiento y la calidad del contenido. “Se conoció de forma express, sin el análisis que una disposición de este alcance requiere”, cuestionó.
De cara a la votación en el pleno, Palala manifestó su confianza en que los diputados reconozcan los errores señalados y busquen un consenso para replantear la propuesta. El objetivo, dijo, es encontrar un mecanismo que garantice un mejor uso de los recursos y que se ajuste a los principios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.
La diputada también abrió la posibilidad de que, de aprobarse el decreto en sus términos actuales, se recurra a la Corte de Constitucionalidad. En su opinión, el contenido podría vulnerar principios fundamentales como la anualidad del presupuesto, lo que habilitaría la vía legal para cuestionar la norma.
Las objeciones al Decreto 7-2025 han colocado a esta iniciativa en el centro del debate legislativo. Lo que ocurra en las próximas sesiones será determinante para definir si el Congreso rectifica las fallas señaladas o si el tema escala a instancias judiciales, en un momento en que la gestión de los recursos públicos está bajo especial escrutinio ciudadano.