Romeo Ramos Cruz, el exfuncionario guatemalteco que enfrenta a la justicia en EE. UU. por narcotráfico
Romeo Ramos Cruz, de 57 años, exalcalde del municipio de Santa Lucía, en el departamento de Escuintla, Guatemala, enfrentó este martes su primera audiencia ante la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos, tras ser extraditado desde Guatemala el 4 de agosto.
Ramos Cruz está acusado de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a territorio estadounidense, en un caso que se enmarca dentro de la operación federal Take Back America, dirigida a combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Cemento o cocaína: así operaba la red
Según documentos judiciales, entre 2022 y 2024, Ramos Cruz fue un miembro clave de una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala, cuya misión era transportar cargamentos de cocaína con destino final en Estados Unidos.
Lo más alarmante es que, durante este tiempo, también ocupaba el cargo de alcalde municipal, posición que habría utilizado para facilitar operaciones ilícitas de la red.
En uno de los casos, habría ayudado a disfrazar un cargamento de cocaína proveniente de Venezuela como si se tratara de un envío de cemento, utilizando incluso papel membretado de la municipalidad para evitar inspecciones de las autoridades guatemaltecas.
Podría enfrentar cadena perpetua
De ser hallado culpable, Ramos Cruz podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua por el delito de conspiración para el tráfico internacional de drogas.
El caso es llevado por la División de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de EE. UU., en conjunto con la FBI Washington Field Office, la DEA (División Miami) y Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva Orleans.
La extradición contó con la colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, INTERPOL y autoridades guatemaltecas.
¿Qué es la operación Take Back America?
Este caso forma parte de Operation Take Back America, una estrategia federal cuyo objetivo es desmantelar redes de crimen organizado y frenar el narcotráfico y la migración ilegal, mediante la cooperación interinstitucional y la persecución judicial de líderes criminales.
“Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal”, recordó el Departamento de Justicia en su comunicado oficial.