Renovación I: de cárcel modelo a epicentro de motines tras el traslado de jefes de pandillas
El Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I fue presentado por el Gobierno como la cárcel modelo que sustituiría a El Infiernito y cortaría la cadena de mando de las pandillas desde las prisiones. Concebido para albergar a reos de altísima peligrosidad y reducir al mínimo su comunicación con el exterior, el penal en Escuintla se convirtió en el eje de la nueva estrategia contra el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Sin embargo, desde el traslado de los máximos líderes de estas estructuras, la prisión quedó en el centro de una cronología de crisis marcada por motines, disturbios, denuncias de corrupción y un pulso constante entre el Estado y las pandillas.
La escalada comenzó la noche del 30 de julio de 2025, cuando el Ministerio de Gobernación ejecutó un operativo de alto perfil para trasladar a los principales cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha a Renovación I. Según las autoridades, se trataba de líderes considerados intocables por gobiernos anteriores, recluidos bajo aislamiento absoluto, sin privilegios ni acceso a comunicaciones.
Ese movimiento, celebrado como un golpe estratégico, alteró de inmediato el equilibrio del sistema penitenciario. Mientras la cúpula de las pandillas fue concentrada en un solo centro de máxima seguridad, sus bases quedaron dispersas en otras cárceles, generando tensiones internas.
Pocas horas después comenzaron las reacciones violentas. Se reportaron motines y disturbios en distintos centros, especialmente en el Preventivo de la zona 18, donde pandilleros exigían el retorno de sus líderes. Al mismo tiempo, en Renovación I se registraron episodios de tensión que obligaron a reforzar la presencia de fuerzas élite del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil.
Renovación 1: un penal marcado por corrupción, extorsiones y motines
Con el paso de los meses, la narrativa de cárcel modelo empezó a chocar con la realidad. Investigaciones periodísticas revelaron que, pese al régimen estricto anunciado, persistían prácticas como el ingreso de teléfonos, drogas y otros artículos prohibidos, con posible complicidad de custodios, además de la continuidad de esquemas de extorsión desde prisión.
Ante estos señalamientos, el Gobierno respondió con cambios de mando, destituciones y auditorías internas. El Ministerio de Gobernación anunció refuerzos tecnológicos, mayor vigilancia, bloqueadores de señal y rotación constante de personal, aunque analistas advirtieron que sin reformas profundas al sistema penitenciario, Renovación I podía repetir las mismas fallas históricas.
El inicio de 2026 confirmó que la tensión no había disminuido. A principios de enero se realizó una requisa de alto impacto y, días después, se registraron protestas coordinadas en varias cárceles, donde nuevamente Renovación I se convirtió en el símbolo del conflicto entre el Estado y las pandillas.
El punto más crítico llegó este 17 de enero de 2026, cuando se reportaron disturbios simultáneos en al menos tres prisiones, con especial gravedad en Renovación. En el penal se registraron incendios, retención de guardias y destrozos, mientras en los accesos se produjeron bloqueos y hechos violentos.
Así, Renovación I se ha transformado en un símbolo de las contradicciones de la política penitenciaria guatemalteca. Aunque concentra a los jefes de las pandillas bajo un régimen de aislamiento, la sucesión de motines y denuncias de corrupción evidencia que la cárcel no ha logrado escapar a las debilidades estructurales del sistema ni contener por completo la capacidad de las pandillas para desafiar al Estado desde prisión.