Remesas y votos: la nueva frontera del poder migrante
El Banco de Guatemala (Banguat) ha proyectado que el ingreso de remesas familiares podría alcanzar alrededor de Q200 mil millones al cierre del año, una cifra histórica que incluso superaría el monto total del presupuesto del Estado previsto para 2026.
Este volumen sin precedentes ha vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de establecer mecanismos que permitan un uso más estratégico de estos recursos.
De acuerdo con las estimaciones, seis de cada diez quetzales enviados por los migrantes guatemaltecos en el extranjero se destinan al consumo básico, mientras que un 30% se utiliza en la construcción o mejora de viviendas.
En contraste, solo el 10% se orienta a actividades de inversión, lo que evidencia un espacio limitado para el fortalecimiento de proyectos productivos y de generación de empleo.
Presupuesto 2026: señales de desequilibrio en la distribución
En este contexto, ha cobrado relevancia una propuesta legislativa que contempla autorizar al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para otorgar créditos con tasas de interés preferenciales y plazos más accesibles, tomando como referencia el historial de recepción de remesas de los solicitantes.
La iniciativa busca transformar estos envíos en una herramienta de inclusión financiera para miles de familias.
No obstante, el Banguat ha manifestado la necesidad de definir con claridad el origen de los fondos que permitirían subsidiar o establecer la tasa preferencial, además de haber solicitado que el CHN no sea la entidad responsable de elaborar la reglamentación técnica de la normativa, con el fin de garantizar mayor transparencia y sostenibilidad en su aplicación.
Paralelamente, la comisión legislativa encargada del tema, presidida por el diputado Ovalle, ha impulsado una serie de reformas con el objetivo de facilitar el ejercicio del voto de los guatemaltecos en el extranjero.
El costo político de no aprobar la ley contra el lavado de dinero
Entre las propuestas destaca una modificación a la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), que permitiría que los connacionales puedan emitir su sufragio en el exterior utilizando su pasaporte como documento de identificación, además del Documento Personal de Identificación (DPI).
Asimismo, se plantea una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la cual se ampliaría el derecho al voto en el extranjero para incluir no solo la elección de Presidente y Vicepresidente, sino también de Diputados por Listado Nacional y representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Las propuestas abren un nuevo capítulo en el debate sobre el impacto de la migración en la economía y la política nacional, al tiempo que plantean el reto de convertir las remesas en un motor más efectivo para el desarrollo sostenible del país.
